Un juez ve indicios para juzgar otra vez a la directora de Parque Animal

La presidenta de Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín, podría volver a sentarse en el banquillo junto a una de sus hijas por los presuntos delitos económicos de los que también le acusó el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en relación con la actividad de la protectora de animales que dirigía. El Juzgado de Instrucción número 5 de ese municipio da por terminada la investigación más de seis años después de que se abriera una causa separada por el caso del exterminio masivo de animales y que concluye que la presidenta de la asociación podría haber incurrido en los presuntos delitos de apropiación indebida continuada en relación a la utilización en beneficio propio de los fondos del colectivo y estafa impropia al haber arrendado supuestamente a un tercero una caseta del recinto ferial cedida por el Ayuntamiento.

A una de sus hijas y vicepresidenta de Parque Animal le achaca, por su parte, un supuesto delito de blanqueo de capitales al haber presuntamente recibido con la participación de su madre fondos procedentes de la entidad "para realizar pagos en su beneficio por reformas" en la clínica de medicina estética de su propiedad. El auto, fechado el pasado 13 de diciembre y que fue notificado ayer a las partes, se refiere además a la otra hija de Carmen Marín aunque en calidad de responsable civil de las cantidades por ella percibidas "en su condición de partícipe a título lucrativo" para la supuesta compra de un vehículo, y las reservas y pagos en diversos hoteles al "no poder acreditarse que la misma tuviera conocimiento de la procedencia ilícita de los fondos recibidos"

En total, el juez detalla supuestos pagos realizados por alguna de ellas mediante cheques, en efectivo o con tarjetas de un total de 379.762,88 euros pertenecientes a la protectora para fines que nada tenían que ver con la actividad de los animales. Así, el titular de este juzgado da el último paso de la instrucción y ordena que se dé traslado de las actuaciones a la Fiscalía y a las acusaciones particulares para que en el plazo de diez días formulen escrito de acusación y soliciten la apertura de juicio oral contra ellas, o el sobreseimiento de la causa "sin perjuicio de que excepcionalmente puedan solicitar la práctica de diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusaciones".

Curiosamente, el auto ha sido dado a conocer apenas unas semanas después de que se hiciera pública la sentencia por la que la presidenta de Parque Animal de Torremolinos era condenada a tres años y nueve meses de prisión acusada de los delitos de maltrato animal, intrusismo profesional y falsedad documental. De hecho, la causa abierta por los presuntos delitos económicos se derivó de la investigación iniciada por el exterminio masivo de animales en Parque Animal y que el titular del Juzgado de lo Penal número 14 que juzgó estos hechos relacionó con "una finalidad lucrativa".

El Juzgado de Instrucción número 5 de Torremolinos detalla, en base a la investigación que realizó en su momento el Seprona, los presuntos movimientos realizados por Carmen Marín y sus familiares directos de dinero de la protectora para fines privados. Así, por ejemplo, se refiere, a que la hija de ésta y vicepresidenta de la asociación realizó abonos "siempre en metálico" a un centro comercial por un importe de 104.382,19 euros, entre el 29 de septiembre de 2009 y el 25 de noviembre de 2010 varias semanas después incluso de haber sido detenida su madre por el caso de maltrato animal, por la reforma y decoración de la clínica de medicina estética Loinsomar S.L. que regentaba junto a su marido y yerno de la presidenta de Parque Animal.

Además, ésta cargó presuntamente múltiples pagos realizados en otros centros comerciales por la compra de productos alimenticios, aseo personal y muebles, entre otros. Aparecen también pagos realizados presuntamente con alguna de las cuentas de Parque Animal a la autoescuela donde Carmen Marín se estaba sacando el carnet de conducir, el abono del gimnasio al que acudía con su difunto marido y fundador de la protectora, la instalación de una alarma para su casa particular o el alquiler de vehículos.