La Inspección de Trabajo destapó siete empleos irregulares al día en el primer semestre del año en la provincia de Málaga. La hostelería se lleva, como es habitual, la palma junto al resto de segmentos del sector servicios, algo que tampoco es extraño en un área que copa el 80% del empleo y en el que la temporalidad está a la orden del día. Las inspecciones realizadas por esta institución dependiente del Ministerio de Trabajo han conseguido recuperar 22,2 millones de euros para las arcas públicas en el primer semestre, lo que supone un incremento del 26% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los técnicos de la Inspección de Trabajo realizaron entre enero y junio un total de 2.648 inspecciones en empresas de todo tipo en la provincia malagueña en las que consiguieron aflorar 1.246 empleos en situación irregular. Se hicieron menos inspecciones que en el mismo periodo del año anterior y se redujo de forma proporcional el empleo aflorado, en parte por la mejoría económica, por una mayor concienciación de los empresarios, por el considerable importe de las multas y por la falta de personal en el servicio.

Málaga vive del sector servicios y es donde se pone el énfasis, aunque se han detectado irregularidades en todos los sectores económicos. En la hostelería se hicieron en el primer semestre 967 inspecciones y se encontraron 369 trabajadores en situación irregular, mientras que en el resto de servicios se ejecutaron 1.164 inspecciones con 673 puestos de trabajo aflorados. En la construcción, otro de los sectores con peor fama desde el punto de vista laboral, se han detectado 75 empleos irregulares en 270 inspecciones; en la agricultura y pesca han sido 66 trabajadores en 109 inspecciones; y en la industria 63 empleos en 138 inspecciones.

Dos obreros en una construcción.

Hay dos aspectos que son comunes en la picaresca malagueña y nacional. Uno de ellos es tener a personas trabajando sin darlas de alta o contratarlas a media jornada cuando realmente están echando muchas más horas, explotando así a un trabajador que muchas veces no lo denuncia porque necesita el dinero y por temor a perder el empleo. En los seis primeros meses del año se han hecho 5.644 inspecciones en Málaga sobre esta materia y se han hallado 690 infracciones. La situación ha empeorado porque en el mismo periodo del año pasado se realizaron 6.382 inspecciones detectando 491 infracciones.

Un segundo caso, afortunadamente menos común, es defraudar a la Seguridad Social cobrando prestaciones que no corresponden como, por ejemplo, adquirir la prestación por desempleo estando trabajando o recibiendo pensiones que no están justificadas. Los inspectores han realizado en Málaga 299 actuaciones en el primer semestre para vigilar este tipo de comportamientos y han contabilizado 117 infracciones, de las cuales 71 son en servicios, 18 en hostelería, 12 en agricultura y pesca, 11 en construcción y cinco en la industria.

Todo lo que se defrauda, por parte de las empresas o de los propios empleados, es un castigo para las arcas públicas. No se sabe con exactitud cuánto dinero mueve la economía sumergida en Málaga, aunque diversos estudios han indicado que podría rondar el 25% del Producto Interior Bruto, unos 8.000 millones de euros. La Inspección emitió expedientes liquidatorios en el primer semestre por 22,2 millones de euros, de los cuales 12,8 millones son por derivación de responsabilidad, 7,3 millones por actas de liquidación y 1,6 millones por la recaudación inducida.