Aparte de los delitos de maltrato animal e intrusismo profesional, la directora de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín, podría enfrentarse además a los presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y posibles delitos societarios relacionados con su gestión al frente de este organismo sin ánimo de lucro. El juzgado de instrucción número 5 del municipio, que instruye el caso sobre los supuestos sacrificios masivos de animales llevados a cabo en la protectora durante varios años, ha autorizado al Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil a investigar si la responsable de la asociación y algunos de los miembros de la junta directiva, la mayoría familiares de la imputada, podrían haber acumulado fondos obtenidos de forma presuntamente ilícita al amparo de la actividad desarrollada por Parque Animal.

El juez considera oportuno, en un auto remitido a las partes y al que ha tenido acceso este periódico, aceptar las medidas solicitadas por el Seprona para llevar a cabo las diligencias que "permitan en su caso dirimir las responsabilidades penales en que pudieran haber incurrido las personas físicas y jurídicas que aparecen en su informe". El informe al que se refiere el juez fue presentado por la Guardia Civil a dicho juzgado el 22 de diciembre de 2010 y forma parte de un procedimiento separado del que investiga la muerte de unos 2.865 animales en menos de dos años mediante métodos eutanásicos no permitidos que presuntamente fueron llevados a cabo por Carmen Marín y otro empleado del centro, también imputado en el caso.

Las diligencias previas realizadas por los agentes del Seprona, y que el juez ha tenido en cuenta para ordenar que se continúe investigando, revelaban que se podían haber producido supuestos incrementos de patrimonio no justificados en el entorno familiar de la presidenta vitalicia de la Asociación para la Defensa y Protección de los Animales en los últimos años y, que incluso Carmen Marín y algunos de los miembros de la junta directiva presuntamente podrían haber manejado fondos en metálico para fines comerciales que poco tenían que ver con la actividad en sí del centro de recogida de animales abandonados.

Además, los investigadores encargados del caso consideraron en su informe, entregado al juzgado tras la detención de la responsable y otros dos empleados de la protectora en noviembre de 2010, que todo ello podría haberse hecho "con la clara intención de ocultar y encubrir los bienes y productos de los ilícitos que se vienen investigando a través de su transformación permitiendo su integración en el circuito económico-financiero con apariencia de legalidad".

A raíz de los indicios hallados en la investigación previa por el sacrificio masivo de animales en el centro, cuya concesión para la recogida de los animales abandonados había sido dada a la asociación diez años antes por el propio Ayuntamiento de Torremolinos, el Seprona solicitó al juez realizar una investigación patrimonial que abarcara tanto a los responsables de la protectora como a las personas y sociedades económicamente vinculados a los mismos a los que pudieran haber estado presuntamente desviando recursos económicos y patrimoniales procedentes de las supuestas apropiaciones indebidas y estafas llevadas a cabo.