Los jueces de Málaga votan por mayoría convocar una huelga el 18 de febrero

Tras un "intenso" debate, los jueces de la provincia de Málaga votaron ayer por amplia mayoría la convocatoria de una huelga para el próximo 18 de febrero. La iniciativa fue secundada tanto por los titulares de los órganos unipersonales como por los magistrados de la Audiencia Provincial, que se reunieron en sendas juntas generales para analizar la situación de la Administración de Justicia en Málaga y adoptar, en su caso, alguna medida de presión para reivindicar mejoras materiales y personales. Los jueces malagueños tampoco descartan apoyar la huelga convocada a nivel nacional para el próximo 26 de junio si el Gobierno no atiende sus demandas.

Las reuniones comenzaron a las cinco de la tarde en la Ciudad de la Justicia. La primera, que concentró a 25 magistrados de la Audiencia Provincial (estaban emplazados 30), se prolongó durante aproximadamente dos horas y aprobó por mayoría (19 votos) la convocatoria de "un paro para la totalidad de la jornada" el próximo 18 de febrero, según rezaba textualmente el comunicado difundido después. Exactamente lo mismo decía la nota emitida media hora más tarde por los jueces de los órganos unipersonales de Málaga. En este caso, la junta provincial congregó a 95 de los 117 profesionales convocados (74 estuvieron presentes y el resto, con el voto delegado) y el paro del día 18 de febrero recibió el apoyo de 72 de los presentes. Es decir, la jornada de paro obtuvo el apoyo del 76% de los sufragios posibles.

El voto de los jueces fue a mano alzada, según explicó el juez decano de Málaga, Manuel Caballero-Bonald, que calificó la convocatoria de "éxito" por el número de asistentes. Informó de que el debate fue "intenso e interesante", y que hubo defensas de todos los planteamientos posibles. Uno de ellos era optar por una simple protesta para el 18 de febrero y dejar la jornada de huelga para el 26 de junio, opción por la que se decantaron las cuatro asociaciones judiciales (Asociación Profesional de la Magistratura, Francisco de Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente) en la reunión celebrada hace 10 días.

¿Es inamovible esta decisión? Caballero-Bonald explicó que tal y como ocurrió ayer, cada junta puede decidir si introduce cambios en la convocatoria si las negociaciones con el Ministerio de Justicia -hay prevista una reunión el 26 de enero- "van por buen camino" para el colectivo. La decisión adoptada en Málaga es similar a la tomada en otros territorios como Sevilla, Madrid, Castellón o Murcia, entre otros.

El comunicado emitido tanto por jueces como por magistrados, que eran similares, constaba de más apartados. El primero afirmaba que tienen derecho de huelga, algo en lo que "no hay duda", refirió Caballero-Bonald. También se apoyaba la tabla de reivindicaciones al Gobierno elaborada por la Comisión Interasociativa Permanente el día 12 de enero, aunque los jueces de Málaga introdujeron aquí un cambio: Una crítica al modo de designación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Otro acuerdo al que se llegó ayer fue la celebración de reuniones provinciales de jueces y magistrados con carácter mensual (a partir de marzo), con el objetivo de hacer seguimiento y evaluar "los avances y novedades en las negociaciones" de la citada comisión.

Caballero-Bonald resumió antes de la reunión el listado de peticiones que la judicatura ha puesto sobre la mesa. Una es la reforma de la oficina judicial, iniciativa que colea desde hace seis años y que serviría para superar la estructura obsoleta de la Justicia. Los jueces también reivindican un incremento de la planta judicial, punto en el que el decano de Málaga recordó que España, Andalucía y Málaga se encuentran muy alejados de la ratio de juez por habitante de los países europeos. Si la media en la UE es de 19 magistrados por 100.000 habitantes, en España es de 10,2 y en la provincia de Málaga no llega a ocho.

"Estamos cansados de que se exija a cada juez muy por encima de sus posibilidades", dijo Caballero-Bonald tras reclamar que se delimite de manera "razonable" la carga de trabajo, otra de las peticiones formuladas al Ejecutivo central. La implantación de las nuevas tecnologías en los juzgados, por ejemplo, con bases de datos compatibles y conectadas en todas las comunidades autónomas (esta carencia fue una de las que más se habló tras el caso Mari Luz); una formación adecuada de los funcionarios; e instrumentos para facilitar la conciliación del trabajo con la vida familiar son otras de las reivindicaciones que hacen los jueces. "Ha llegado el momento de adoptar alguna medida porque estamos cansados de clamar en el desierto", apuntó Caballero-Bonald.