Tribunales

El juez archiva el caso Villas del Arenal para la concejala Teresa Porras

  • El instructor no apreciar "la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias de los que venía siendo investigada" 

  • La concejala de Cruz de Humilladero responde: "Daniel Pérez y Juan Cassá son malas personas"

Teresa Porras, durante una entrevista. Teresa Porras, durante una entrevista.

Teresa Porras, durante una entrevista. / Javier Albiñana

El titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha decretado el archivo provisional del caso Villas del Arenal, que investiga supuestas injerencias políticas, para la edil del PP del Ayuntamiento de Málaga Teresa Porras.

El magistrado ha acordado este lunes el sobreseimiento "al no apreciar la comisión de los delitos de prevaricación y tráfico de influencias de los que venía siendo investigada", según el auto judicial. La reacción de la edil no se ha hecho esperar. "Esto demuestra que las personas que han acusado a sabiendas de que todo era mentira son malas personas; Daniel Pérez y Juan Cassá son malas personas", ha sentenciado, mostrando su confianza en que el resto de la causa, que afecta al concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, y al gerente de Urbanismo, José Cardador, "también se archivará".

"Quiero dar las gracias a la Justicia, por ser justa, y a las personas por haber confiado en mí, en primer lugar en el alcalde", ha explicado a Málaga Hoy, en un mensaje en el que ha añadido: "soy madre, abuela y persona y han jugado con mi dignidad y mi prestigio sin necesidad alguna".

La Fiscalía Anticorrupción había pedido el sobreseimiento provisional y archivo al considerar que la intervención de Teresa Porras no encajaba en ningún delito por lo que no era "penalmente relevante", extremo que ahora comparte el instructor, que dice que no aparece suficientemente justificada su participación.

La defensa de la edil pidió hace dos semanas el sobreseimiento y archivo sobre su clienta y solicitó a la Fiscalía Anticorrupción y al juez instructor que, en la medida que fuera posible, el tema se tramitara con preferencia por la dimensión y relevancia política debido a las próximas elecciones municipales del 26 de mayo.

La defensa pedirá en breve el archivo de la causa para los otros dos investigados, Pomares y Cardador

El abogado defensor, José Carlos Aguilera Escobar, también anunció que en breve lo pedirá para el resto de investigados, el edil de Ordenación del Territorio y Vivienda, Francisco Pomares y el gerente de Urbanismo, José Cardador, pero que están a la espera de un informe de la Udyco y una información de la Gerencia que tiene que llegar antes al instructor.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, mantiene en los puestos tercero y séptimo a los concejales Teresa Porras y Francisco Pomares y siempre ha sostenido que los investigados actuaron de forma correcta y ha confiado en el archivo del caso.

El instructor considera que los hechos que se investigan tuvieron origen a mediados de 2013 tras unas actuaciones del Servicio de Inspección de la Gerencia municipal de Urbanismo de Málaga llevadas a cabo en la urbanización Villas del Arenal y "ahí es donde hay que situar el protagonismo de Porras".

Según el magistrado dichas actuaciones fueron el origen de un grave problema vecinal derivado de la multitud de expedientes de disciplina urbanística que se aperturaron, muchos de los cuales hoy todavía están vivos.

"Lo anterior trajo consigo no pocos quebraderos de cabeza a la corporación municipal y concretamente en el seno de los distintos debates que se suscitaron, es donde Porras, como concejala del distrito de Cruz de Humilladero, medió para tratar de componer aquella acción municipal que para ella era totalmente descomedida", se explica en la resolución judicial.

Para el juez las palabras de la edil "en sus múltiples intervenciones pueden no haber sido muy afortunadas, pero no encerraban en sí un mandato ni siquiera insinuación a los funcionarios y técnicos del departamento de disciplina urbanística, en la que ella carece de competencia alguna".

La actuación de Porras, según el juez, hay que contemplarla lejos del funcionamiento de los técnicos, funcionarios y personal laboral que integran el departamento de disciplina urbanística, donde existían tan graves dificultades y atrasos en la tramitación de expedientes que se tuvo que reestructurar dicho servicio para dar impulso a los procedimientos que había en tramitación.

A fecha de 5 de octubre de 2017, ascendían a 8.489 expedientes, más otros 5.011 procedimientos que estaban pendientes de resolución o providencia de archivo, por lo que el juez considera que "es evidente" que el retraso del departamento estaba extramuros de los hechos que se investigan en esta causa. 

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