Málaga

Los juzgados acumulan casi 19.000 sentencias sin ejecutar

  • La jurisdicción civil suma 44.770 resoluciones pendientes de aplicar

El caso Mariluz desveló en 2008 la existencia de un agujero negro y hasta entonces secreto en la Administración de Justicia: las sentencias sin ejecutar. Cuando la niña onubense desapareció, el 13 de enero de 2008, su presunto asesino debía de haber estado en la cárcel. Un juez de Sevilla lo había condenado en 2005 a dos años y nueve meses de prisión por abusos sexuales a su hija, pero la pena no se aplicó por una concatenación de despropósitos judiciales.

Hasta junio de este año los juzgados penales de Málaga acumulaban 18.770 condenas sin ejecutar. Desde el segundo trimestre de 2005 las resoluciones firmes que están pendientes han crecido un 126%. Hace un lustro eran 8.289. Durante tres ejercicios aumentaron cada año en torno a un 19% hasta que en 2009 remontaron hasta el 32%. A partir de ahí, la acumulación de condenas en espera no se ha detenido, pero al menos ha crecido más despacio. En el segundo trimestre de este año se registró una subida del 2%. Previsiblemente, el efecto sensibilizador del caso Mariluz, las críticas y las movilizaciones de los jueces que por primera vez en la historia llevaron a cabo dos jornadas de huelga a lo largo de 2009 han ejercido de diques en la jurisdicción penal.

A la preocupación por las montañas de sentencias pendientes de hacer cumplir se suma ahora la necesidad de revisar de oficio miles de fallos que se ven rebajados por el nuevo Código penal. Mientras, los juzgados de Primera Instancia han experimentado una acumulación de resoluciones sin ejecutar aún mayor que en la jurisdicción penal. Entre junio de 2005 y junio de 2010 se han doblado con creces (138%), con una cadencia que en el segundo trimestre de este año se seguía manteniendo por encima del 19%. En junio eran 44.770 las sentencias que estaban sin ejecutar, frente a las 18.751 de cinco años antes.

La acumulación que experimenta la jurisdicción civil está íntimamente relacionada con la crisis económica. Estos órganos son los que se ocupan de resolver las reclamaciones de cantidad, o sea, los impagos que se producen entre empresas y entre empresas y particulares. Además, se da la circunstancia de que son los afectados quienes deben impulsarlas, lo que motiva que existan muchas ejecuciones durmientes, porque los afectados han desistido de ellas.

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