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Málaga

La huelga de letrados de Justicia paraliza casi dos millones en las cuentas de los juzgados de Málaga

Concentración de los Letrados de la Administración de Justicia en Málaga.

Concentración de los Letrados de la Administración de Justicia en Málaga. / JAVIER ALBIÑANA

Paralizado se encuentra en muchos casos el pago de deudas, de pensiones alimenticias, multas o indemnizaciones como consecuencia de la la huelga indefinida que mantienen los Letrados de la Administración de Justicia desde hace más de dos semanas. El saldo inmovilizado en las cuentas de los juzgados de la provincia de Málaga asciende ya a casi dos millones de euros -concretamente 1,9-, según han informado a este periódico fuentes judiciales.

Estos funcionarios, además de la formación de autos y expedientes -dejando constancia de las resoluciones que dicten los jueces y los magistrados- son los encargados, entre otras atribuciones, de las gestión del dinero que cada juzgado tiene consignado para los distintos procedimientos judiciales.

El único trámite relacionado con el dinero que no se encuentra paralizado es la fianza a través de la que un imputado obtendría la libertad provisional. "Este caso está dentro de los servicios mínimos, pues se considera un asunto urgente", ha explicado la delegada por Málaga del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, María Lourdes Vallecillo. 

Desde que el pasado 24 de enero diera comienzo el paro de los conocidos antiguamente como secretarios judiciales, los estragos en la actividad de los juzgados y tribunales cada vez van a más. El total de juicios y vistas suspendidos de todos los órdenes jurisdiccionales ascienden a 2.347 hasta el viernes; mientras que, el resto de actuaciones judiciales, como pueden ser conciliaciones, declaraciones o comparecencias, suma ya una cifra de 1.227 suspensiones.

Los huelguistas exigen al Ministerio de Justicia el cumplimiento de los compromisos que se firmaron en abril para llevar a cabo mejoras retributivas acordes a las nueva funciones que se les han ido atribuyendo desde 2009, tras sucesivas reformas legales. Sin embargo, para Justicia cualquier reclamación salarial del colectivo está "fuera de lugar", pues asegura que su renta crecerá de media un 14,76% en tres años.

Asimismo, detallan que sus salarios han experimentado un incremento desde 2010 hasta 2023 de 519,44 euros si se incluyen trienios, lo que se traduce en un aumento anual de 37,10 euros y mensual de 3,09. Si se excluyen los trienios, entonces el incremento durante estos 13 años es de 189,37 euros, es decir, de 13,52 euros al año y 1,12 al mes.

Por su parte, el Ministerio de Justicia ha convocado el próximo jueves al comité de huelga de los Letrados de la Administración (LAJ), según informan las tres asociaciones convocantes del paro: la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), la Asociación Independiente de Letrados (AinLAJ) y el Ilustre Colegio Nacional de Letrados. Éstas han reprochado que Justicia les convoque ese día porque, a su juicio, ello tiene por finalidad "prolongar el conflicto a la espera de que el seguimiento decaiga", algo que aseguran que "no va a suceder". 

"La ministra Pilar Llop no tiene tiempo hasta dentro de una semana para reunirse y resolver el problema más grave de la Administración de Justicia en la historia reciente de España", han señalado los firmantes. Según han dicho, "de aquí al jueves 16 de febrero se suspenderán 55.000 juicios más y se bloquearán otros 150 millones de euros en las cuentas judiciales". 

Desde el comité de huelga han lamentado "muy profundamente" el "enorme perjuicio" que esta situación está causando a los ciudadanos y a los profesionales. "Ya nadie en este país -ni ciudadanos, ni profesionales, ni operadores jurídicos, ni este Comité de Huelga- es capaz de comprender tanta negligencia ministerial", han indicado las tres asociaciones. 

Los convocantes señalan como "detonante" del conflicto el acuerdo que Justicia firmó en diciembre de 2021 con los sindicatos de los cuerpos generales "sin desarrollar debidamente la adecuación salarial a las últimas reformas procesales prevista en el segundo párrafo de la Disposición Adicional 157 de la Ley 11/2020 de Presupuestos Generales del Estado para 2021". 

Antes de que empezara la huelga, Llop pidió al comité de huelga que huyera de "posiciones maximalistas" porque impedían "buenos acuerdos". Por su parte, el secretario de Estado de Justicia, Antonio Tontxu Rodríguez, aseguró que la huelga de los LAJ era una medida "política" y que estaba "fuera de lugar". 

Rodríguez incidió en que "cualquier tipo de reclamación económica que tiene lugar en esta huelga no tienen un sentido", puesto que el Ministerio "ha cumplido todos los acuerdos" alcanzados con la representación de estos trabajadores. 

Al margen, la semana pasada el director del gabinete de la Presidencia del Gobierno, Óscar López, transmitió a los LAJ que son "una pieza esencial" del Poder Judicial y expresó su "confianza" en que las negociaciones con el Ministerio "puedan concluir en un acuerdo razonable y satisfactorio".

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