La licencia del apartahotel ilegal de Benalmádena se concedió en tres días

Diez personas, entre ellas cuatro técnicos y funcionarios del Ayuntamiento de Benalmádena y tres técnicos dependientes de la Junta de Andalucía, han sido imputadas por la Guardia Civil a raíz de una investigación sobre la construcción ilegal de un apartahotel en 2005. Los delitos que se les imputan son falsedad documental, contra la ordenación del territorio, prevaricación urbanística, tráfico de influencias y omisión del deber de perseguir delitos, según informó ayer la Guardia Civil en un comunicado.

La investigación ha determinado que el promotor y los arquitectos redactores supuestamente falsearon el proyecto sobre el techo de viviendas e instalaciones necesarias, así como la reserva de plazas de aparcamientos, mientras que la labor de los técnicos y funcionarios del Ayuntamiento se centraría en la tramitación del expediente urbanístico. Según el instituto armado, estos trabajadores no habrían realizado las comprobaciones previas a la ejecución de las actuaciones, con lo que la licencia urbanística se habría tramitado y concedido en el "plazo récord de tres días".

Por su parte, los técnicos dependientes de la Junta de Andalucía supuestamente omitieron la labor inspectora dirigida a evitar posibles perjuicios urbanísticos y sobre el dominio público. Las pesquisas comenzaron en 2009 a raíz de una inspección rutinaria del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) en la que se comprobó que se había construido un inmueble en la zona de Monte Alto de Benalmádena y que, a simple vista, una parte podía invadir zonas verdes.

En posteriores comprobaciones se confirmó que el inmueble carecía de un recinto adecuado para la recepción de clientes y, por el contrario, que su aspecto se asimilaba más a un complejo estándar de viviendas, similar al de las edificaciones de su entorno.

Por ello, se solicitó al Ayuntamiento de Benalmádena información relacionada con el expediente urbanístico del apartahotel, y se confirmó la interposición de una demanda por parte de una comunidad de propietarios de la zona.

Un fallo judicial anuló la licencia concedida con el argumento de que la construcción no respetaba los parámetros establecidos de edificabilidad para este tipo de complejos, procedimiento en el que consta un informe técnico municipal que corrobora que se había edificado en una zona verde. El juez dice que no podrían construirse más de 10 o 15 apartamentos en el mejor de los casos, pero al final se levantaron 80.

La operación de la Guardia Civil, denominada Minas, ha supuesto la imputación en las localidades de Málaga y Sevilla de diez personas supuestamente relacionadas con la redacción, tramitación y control del expediente urbanístico investigado. Al promotor de la construcción se le imputan los delitos de falsedad documental y contra la ordenación del territorio; a los dos arquitectos redactores del proyecto los delitos de falsedad documental, y a los cuatro técnicos y funcionarios del Ayuntamiento, los delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias.

Los tres técnicos dependientes de la Junta de Andalucía están imputados por los delitos de prevaricación y omisión en el deber de perseguir delitos. Las actuaciones han sido llevadas a cabo por el equipo de Delitos Urbanísticos y Seprona de la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga y de las diligencias se ha hecho cargo un juzgado de Torremolinos para que continúe con la instrucción

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