Llegan los primeros menores al centro de infractores de Churriana, en Málaga
La provincia vuelve a tener una infraestructura de estas características, después de cerrarla en Torremolinos hace unos años
El TSJA admite a trámite una denuncia de los vecinos de Churriana contra el centro de menores
Los primeros adolescentes han llegado ya al centro de internamiento de menores infractores (CIMI) que la Junta de Andalucía ha abierto en Churriana. Una semana después de que la administración autonómica formalizase el contrato (que subió el martes a la plataforma de contratación), y cumpliendo con la estimación dada por la Junta, los primeros infractores ya están internados en la capital. Con esto, la provincia vuelve a tener un centro para alojar a jóvenes que cumplen con las medidas privativas de libertad impuestas por los jueces.
Sólo que esta vez se integra en un núcleo urbano y en convivencia con vecinos, mientras que el último centro de este tipo, en Torremolinos, estaba en un entorno completamente distinto. Pese a ello, no es el primer centro de internamiento que abre dentro de una ciudad y cerca de vecinos en una provincia andaluza. Cabe recordar que el contrato del CIMI se ha adjudicado a la Asociación para el Desarrollo y la Integración Social Meridianos por cuatro años y 21 millones de euros. El mismo se ubica en una antigua residencia de monjas. El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, viene defendiendo que "si abre es porque cumple" con la legalidad. Desde la Junta han señalado que tiene tanto luz verde de Urbanismo como de Aperturas.
Podrá acoger hasta a 50 menores en régimen cerrado, pero también semiabierto, abierto o con permisos de fin de semana. Desde la Junta indican que los menores en ningún caso saldrán sin compañía de un tutor legal del centro.
Mientras, los vecinos de El Olivar, la urbanización en la que se encuentra, siguen señalando deficiencias. Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia Andaluz (TSJA) ha admitido a trámite una denuncia suya. El recurso administrativo aceptado a trámite por el TSJA tiene relación con la adjudicación del mismo por parte de la administración autonómica. Desde hace semanas, las comunidades afectadas han presentado por registro oficial numerosos escritos denunciando “graves incumplimientos técnicos, legales y urbanísticos”.
Entre las carencias que señalan los vecinos del futuro CIMI están "la ausencia de un informe favorable de bomberos o de un vallado completo y homologado", denuncian que "las instalaciones interiores no están legalizadas, que faltan espacios deportivos mínimos, que el edificio está fuera de ordenanza tras la ampliación de superficies" y señalan que las mismas han sido denunciadas ante el Ayuntamiento de Málaga, la Delegación de Justicia y la Dirección General de Justicia Juvenil.
El vecindario denuncia que este contrato se ha formalizado con pleno conocimiento de todos estos defectos e irregularidades, lo que pondría en cuestión su legalidad, viabilidad técnica y sostenibilidad futura. Exigen la paralización inmediata del procedimiento, la revisión en profundidad del cumplimiento normativo del edificio y el replanteamiento completo de la ubicación del centro, “desde la legalidad, la transparencia y el respeto a la convivencia vecinal”.
Ahora, además, anuncian que interpondrán un escrito ante la Fiscalía por unas campanas extractoras que, según afirman, no pasaron la inspección hace años y no les consta que se haya solucionado el problema. Además, afirman los vecinos, los trabajadores están "usando como aparcamiento" uno de los carriles de la carretera de doble sentido que da acceso al edificio.
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