El campo malagueño puede perder 47 millones con la nueva PAC

El plazo para la presentación de solicitudes por parte de los agricultores que quieran acogerse a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) termina el 15 de junio, pero la guerra política y de cifras surgida en torno al nuevo reparto empezó hace tiempo y se prevé que arrecie con motivo de las elecciones generales que se celebran dentro de tres semanas. De momento, no hay datos definitivos, aunque la Junta de Andalucía ya ha advertido que el campo malagueño perderá unos 46,8 millones de euros en el nuevo marco 2014-2020. O, lo que es lo mismo, unos 6,6 millones de euros al año en este periodo con la reforma que se ha producido.

El Gobierno central se ha apresurado a desmentir las cantidades dadas por la comunidad autónoma, pero lo cierto es que la incertidumbre y la preocupación entre los agricultores malagueños hasta que se termine la asignación definitiva de derechos resulta inevitable para un sector que ha recibido de media en los últimos años unos 90 millones de euros anuales de pago directo.

Las organizaciones agrarias no saben a ciencia cierta en qué medida afectará finalmente a la provincia y no quieren entrar en la batalla política en la que se ha convertido la PAC. Para el responsable en la materia en la patronal agraria Asaja Málaga, Santiago Sánchez, "con un sólo euro que pierda la provincia con la nueva reforma ya no nos parecerá buena".

A falta de que se haga la asignación de derechos definitiva para cada agricultor, lo que está claro es que el reparto entre los 22.000 agricultores solicitantes de la PAC en la provincia no será el mismo que hasta ahora.

Desde el año pasado las ayudas pasan a denominarse de pago básico que requieren de la asignación de unos derechos por agricultor en base a la superficie agrícola declarada en 2015 y a la media de los importes recibidos en 2014, año en el que aún se mantenían las condiciones del anterior marco de la PAC.

Bruselas impuso un recorte en el pago básico por cuestiones presupuestarias, pero dio libertad a cada país para aplicarlo como quisiera. En España, el Gobierno central optó por un recorte del 8,64% en todos los derechos de pago único, lo que afectará a los pequeños y medianos agricultores puesto que hasta ahora sólo a los beneficiarios de más de 5.000 euros en ayudas se les quitaba un 10%.

En este sentido, el técnico de Asaja señaló que en líneas generales "ha salido lo más beneficioso", en relación a si se compara con lo que se pretendía en un primer momento. Y es que en los primeros borradores de la reforma de la PAC que se hicieron en 2011 aparecía lo que se llamaba la tasa plana por hectárea sin distinguir entre los diferentes tipos de cultivo, lo que en su opinión si hubiera acarreado "graves pérdidas" para los agricultores. Para el conjunto de Andalucía, se calcula hubiera supuesto una pérdida de entre 400 y 500 millones de euros anuales, según la Junta.

No obstante, el secretario provincial de COAG en Málaga, Juan Antonio García, lamentó este cambio promovido por el Gobierno central al igual que el hecho de que no se aportara por incrementar las ayudas para las primeras 30 hectáreas, si bien no lo responsabilizó en exclusiva y culpó también a la Junta de Andalucía por "no haber sido más contundente durante la negociación y haber defendido entonces una agricultura más social".

En ese sentido, criticó abiertamente que no haya apostado por mantener las ayudas a la producción "dejándose llevar por los mercados internacionales" e insistió en el "error" dado que, según sus datos, el 75% del empleo en el campo se concentra en las fincas de menos de 50 hectáreas.

Así, se refirió a la segunda de las medidas tomadas con respecto al nuevo marco de la PAC y que consiste en un nuevo modelo de ayudas directas que incrementa el presupuesto de las denominadas asociadas (aquellas que priman la producción en cultivos con especiales dificultades), pero que el Gobierno andaluz ha criticado que excluye a sectores de gran "importancia" social y económica en riesgo de abandono como el olivar en pendiente, el trigo duro o la uva pasa.

De hecho, la Junta ha pedido al Ministerio que convoque la Conferencia Sectorial en la que participan todas las comunidades autónomas para la revisión de las ayudas antes del 1 de julio. Además de pedir la ayuda asociada para estos tres cultivos con problemas de rentabilidad, reivindica también la modificación de las ayudas asociadas que actualmente existen para la remolacha, los frutos de cáscara, el caprino y el vacuno de leche.