Las ordenanzas fiscales para 2016 de la ciudad de Málaga, aprobadas por el Pleno del Ayuntamiento el pasado octubre y que supondrán la bajada de tributos, así como un incremento de las bonificaciones, entraron ayer en vigor. Las novedades fiscales suponen la congelación generalizada de los tributos, la reducción de la plusvalía, la exención o bajada de la tasa de apertura para emprendedores autónomos y empresarios, el aumento de las ayudas al IBI para colectivos desfavorecidos o el incremento de las bonificaciones al ICIO a fin de favorecer la accesibilidad, los parques empresariales o las explotaciones agrícolas.

Asimismo, se amplían las bonificaciones en la plusvalía, en la tasa de recogida de residuos sólidos urbanos para centros educativos y en el IVTM a favor de los vehículos ecológicos. La bajada de tributos y el incremento de bonificaciones que recogen las nuevas ordenanzas fiscales para 2016 supondrán un ahorro para los malagueños de más de 10 millones de euros, según los cálculos del Ayuntamiento.

Así, se congelan los precios de los autobuses urbanos por tercer año consecutivo, de los aparcamientos municipales, de la zona azul y de la grúa. Asimismo, se crea un bono anual en la Empresa Malagueña de Transportes (EMT), con un coste de 290 euros, lo que supondrá un ahorro de casi el 40% si se compra la tarjeta mensual durante los 12 meses. Los nuevos beneficios fiscales se añaden a los que lleva concediendo desde hace años el Ayuntamiento de forma potestativa y que en 2016 se mantienen. Por ejemplo, en el IBI de familias numerosas o en inquilinos de VPO y en bonificaciones en el IAE, el ICIO y el ITVM, por lo que en la práctica el ahorro fiscal para los ciudadanos superará esos 10 millones.

Respecto a la plusvalía, se baja el tipo de gravamen del 30 al 29% para todas las transmisiones en la ciudad, se aplica la exención para la dación en pago y se mejoran las bonificaciones en transmisiones mortis causa para las que se toma el máximo legal permitido, el 95% en el caso de las residencias de menos de 75.000 euros de valor catastral. Éstas representan en torno al 71% de todos los inmuebles de la capital.

Otra de las medidas afecta a la tasa por la realización de actividades administrativas con motivo de la apertura de establecimientos, ya que no se exigirá su pago cuando el resultado de la aplicación de la tarifa resulte igual o inferior a 500 euros.