Un total de 78.990 malagueños se beneficiarán hasta final de año del incremento del 15% en el Ingreso Mínimo Vital (IMV) y las pensiones no contributivas, entre las 58.106 personas perceptoras del IMV y las 20.884 personas que cobran una pensión no contributiva de invalidez y de jubilación, que experimentarán una subida de unos 60 euros al mes.

Estas son algunas de las medidas contempladas en el Real Decreto-Ley 11/2022, aprobado en el Consejo de Ministros extraordinario del pasado 25 de junio y que comenzó a aplicarse el pasado viernes, 1 de julio, han informado desde la Subdelegación a través de un comunicado.

En cuanto al Ingreso Mínimo Vital, son 58.106 beneficiarios en total, 22.197 adultos y 21.625 menores en la provincia malagueña. Por su parte, cobran pensiones no contributivas un total de 20.884 personas. De ellas, 13.543 son de jubilación y 7.341 de invalidez.

Han recordado que el Gobierno mantiene la prohibición de cortar el suministro eléctrico a consumidores en situación de vulnerabilidad y prorroga los descuentos extraordinarios vigentes del bono social eléctrico para los consumidores vulnerables y vulnerables severos, situados en el 60% y el 70% de la tarifa regulada (PVPC), respectivamente.

La norma contempla la renovación automática del bono social eléctrico, que en Málaga repercute sobre 36.200 personas. Los descuentos del 60% y el 70% para los consumidores vulnerables y los vulnerables severos se mantendrán hasta final de año.

La normativa prorroga hasta diciembre el paquete de medidas del mes de marzo (Real Decreto-ley 6/2022) para responder a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania, y amplía con nuevas medidas la protección social especialmente para los hogares más vulnerables.

El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha señalado que se trata de una normativa que "está enfocada en amortiguar la crisis derivada de la guerra en Ucrania, en beneficio de toda la sociedad pero muy especialmente para aquellas familias que están pasando por mayores dificultades a la hora de afrontar la factura de la luz y del encarecimiento de los precios en general".

Para Salas, "el Gobierno de Pedro Sánchez sigue siendo la única administración que actúa de forma decidida y con medidas concretas y de amplio alcance para amortiguar las consecuencias de la guerra".

Otras de las medidas que se prorrogan son la bonificación extraordinaria de 20 céntimos por litro de combustible que empezó a funcionar el 1 de abril y que se prolonga hasta el 31 de diciembre de 2022. La bonificación beneficia principalmente a los transportistas, pero también al resto de usuarios, que, en Andalucía tiene un impacto directo para más de 4,9 millones de usuarios.

También se prorroga la limitación extraordinaria de la actualización anual del alquiler de la vivienda habitual, impidiendo subidas superiores al 2%. Dicha limitación atiende a la necesidad de que la evolución del IPC por la guerra no se traslade al precio del alquiler. En Andalucía el número de hogares que viven en régimen de alquiler asciende a 3.257.700.

Entre las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno se encuentra una rebaja del 10% al 5% en el IVA de la factura de la luz, también, desde 1 de julio, y que extiende el resto de rebajas de impuestos vinculados a la electricidad que estaban en vigor hasta el 31 de diciembre de 2022. Esta rebaja del IVA reducirá la factura a 27,7 millones de hogares, autónomos y empresas. El tipo del 5% en el IVA se aplica también al 72,5% de los contratos de suministro de electricidad de empresas y negocios no domésticos.

El nuevo decreto-ley incluye además la aprobación de una ayuda de 200 euros para hogares con rentas más bajas, en los que la suma de las rentas que perciban los convivientes sea inferior a 14.000 euros en 2021 y cuyo patrimonio, descontando la vivienda habitual, no supere los 43.196,4 euros. Esta medida está dirigida a asalariados, autónomos y desempleados inscritos en las oficinas de empleo puedan percibir un pago único de 200 euros.

Además, la norma también incluye una reducción del 50% del precio de todos los abonos mensuales y de cualquier título multiviaje de transporte terrestre prestado por el Estado o entidades estatales. El Gobierno ha aprobado, asimismo, ayudas directas para reducir el 30% para los abonos de transporte prestados por las comunidades autónomas o entidades locales, que podrán completar la medida con sus propios recursos hasta llegar al 50% de reducción.