Marlaska plantea reformar la Ley de Memoria para reconocer a García Caparrós como víctima del terrorismo

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido este miércoles en el Congreso la necesidad de acometer una reforma urgente de la Ley de Memoria Democrática de 2022 para poder reconocer como víctima al joven malagueño Manuel José García Caparrós, fallecido por un disparo de la Policía durante una manifestación celebrada en diciembre de 1977.

Durante una comparecencia en la Cámara Baja, Marlaska ha explicado que, con la legislación vigente, el caso de García Caparrós no puede encuadrarse ni en la Ley 29/2011 de Reconocimiento y Protección Integral de las Víctimas del Terrorismo ni en la actual normativa de memoria democrática.

El ministro respondía así a una pregunta formulada por el portavoz de Izquierda Unida y representante de Sumar, Enrique Santiago, sobre la decisión del Ministerio de denegar la condición de víctima del terrorismo al joven sindicalista malagueño. La negativa fue comunicada a la familia por la directora general de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo, Montserrat Torija, en una carta en la que calificaba los hechos como “execrables” y recordaba que la función principal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debe ser “proteger a los ciudadanos”.

Sin encaje en la Ley de Víctimas del Terrorismo

Según ha detallado Marlaska, la Ley de 2011 reconoce como víctimas a quienes hayan sufrido acciones de “un grupo que intenta poner en tela de juicio los valores democráticos”, como organizaciones terroristas armadas. En ese marco se otorgó hace unos años el reconocimiento como víctima del terrorismo a Vicente Cuervo, asesinado en una manifestación en 1980 por un grupo terrorista de extrema derecha.

En el caso de García Caparrós, sin embargo, el disparo mortal fue efectuado por un agente de la Policía Armada, lo que impide jurídicamente su encaje en la Ley de Víctimas del Terrorismo de 2011.

La vía de la ley de 2007

El ministro ha recordado que la anterior Ley de Memoria Histórica de 2007, aprobada bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sí contemplaba en su artículo 10 la posibilidad de reconocer una indemnización a quienes fallecieron en defensa de la ley y la democracia entre 1968 y el 31 de diciembre de 1977, periodo en el que se enmarca la muerte del joven malagueño.

No obstante, ese precepto fue derogado tras la aprobación en 2022 de la nueva Ley de Memoria Democrática impulsada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, sin que hasta ese momento constara ninguna reclamación formal por parte de la familia.

Ante esta situación, Marlaska ha señalado que la solución pasaría por una “reforma urgente” de la ley de 2022 para reincorporar el contenido del antiguo artículo 10. “Esa posibilidad está en sus manos”, ha indicado dirigiéndose a los grupos parlamentarios, añadiendo que sería “más que oportuno” y que constituiría “la vía más rápida” para dar cobertura legal al reconocimiento.