La evolución de la menor de 17 años que este martes se lanzó por un balcón en Torremolinos huyendo de su ex pareja es "muy buena". Se encuentra estable ingresada en el Hospital Clínico de Málaga. Así lo han confirmado fuentes sanitarias. Los médicos, no obstante, siguen pendientes de los resultados de unas pruebas radiológicas que se le realizará para descartar que haya sufrido lesiones de gravedad. 

Un toldo que estaba abierto le salvó la vida al frenar la caída. La joven se había precipitado desde una segunda planta. Estaba intentando evitar que su ex novio, con una orden de alejamiento en vigor que le prohíbe acercarse a ella, la agrediera con un hacha. 

Los hechos ocurrieron sobre las 15:00. El sistema Emergencias 112 Andalucía recibió un aviso alertando de que una mujer se había caído por un balcón en la calle Vicente Blanch Picot. Hasta el lugar del suceso se han desplazado los servicios sanitarios, Policía Local y Cuerpo Nacional de Policía, que está investigando para esclarecer lo ocurrido.

La menor está hospitalizada acompañada de un familiar, evolucionando favorablemente. Está "tranquila". La caída le provocó varias lesiones superficiales, una de ellas en la zona occipital, y un corte en la mano que ayer los sanitarios tuvieron que suturarle. La previsión es que hoy continúe ingresada para que los médicos "se aseguren de que no hay nada grave".

Casi 40 menores maltratadas vigiladas por la Policía

En Málaga, son 39 las mujeres maltratadas menores de edad que cuentan con protección policial a través del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género VioGén, a fecha de 31 de enero. Todas ellas son adolescentes de entre 14 y 17 años. El Ministerio de Interior considera que el caso de una de ellas es de riesgo alto mientras que ocho son de nivel medio y, 15, bajo.

La cifra de mujeres protegidas ha crecido un 8% en el último año, hasta situarse en 3.765 los casos activos (con 277 víctimas más que en 2022). El nivel alto de peligro al que medio centenar de éstas se encuentran sometidas implica vigilancia policial frecuente tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo y en la entrada o salida del centro escolar de los hijos. La Policía realiza, además, controles aleatorios del agresor y su entorno.