El Metro, y 63 millones de euros, abre la primera gran brecha entre la Junta y el Ayuntamiento de Málaga
La autonomía pide la cuantía por la explotación y la inversión en las líneas y el Consistorio anuncia que reclamará
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Hace seis años que la Junta de Andalucía cambió de color y se tiñió, tras años gestionada por el puño y la rosa, de color azul PP. Han sido todos estos años en los que difícilmente se ha hecho notar atisbo alguno de disenso entre la administración autonómica y el Ayuntamiento de Málaga, que cuenta con un alcalde de estas siglas desde 1995. Hasta ahora, que el Metro, y la reclamación de cerca de 64 millones de euros, abre la primera gran brecha entre ambas. La autonomía reclama al Consistorio su parte de los gastos de explotación –con intereses por demora incluidos– y el Ayuntamiento aprobará este viernes que se anule la liquidación de esta deuda.
El transporte público, casi por definición, no es rentable y son las administraciones públicas las que acarrean con parte del precio que costaría el billete o sufragan líneas con menos volumen de pasajeros, pero aún así necesarias para conectar y vertebrar la ciudad. En este escenario, Junta de Andalucía y Ayuntamiento de Málaga firmaron un convenio, en 2003, por el que el segundo se comprometía al pago de un 25% de los gastos de explotación y de inversión en las líneas 1y 2.
Ahora, la Junta de Andalucía le pide que se haga cargo de estos pagos, mediante un documento firmado por la consejera de Fomento, Rocío Díaz. En total, la deuda reclamada asciende a 63.787.348,17 euros, de los que 7.791.524,62 euros son en concepto de explotación y 55.995.823,55 euros, en concepto de de inversión de las líneas 1 y 2 del Metro de Málaga.
El Ayuntamiento este viernes va a aprobar en Junta de Gobierno Local que se anule la orden de hacer frente al pago de la deuda emitido por la consejera. De igual forma se solicitará que se sobresea este expediente de liquidación de deuda, todo ello de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, según anuncian desde la Casona del Parque.
Esta supone la primera gran crisis entre ambas instituciones, lo que hubiera sido impensable hace una década, cuando cada una de ellas estaba controlada por un partido distinto. Tal es el estado de calma que Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, no ha levantado la voz en temas tan delicados como la vivienda –que ha reconocido ya como un grave problema para la ciudad–, la sanidad o la educación. Pero tampoco parece que piense hacerlo, tanto que en el Debate del Estado de la Ciudad llegó a afirmar que no iba a pedir un mayor esfuerzo a la Junta en sus competencias en vivienda, porque sabía de las necesidades financieras que necesita para hacer frente a otros problemas como los ya citados de la Educación o la Sanidad. No fue tal la consideración en el pasado.
Tampoco lo es cuando tira de hemeroteca. En el citado problema de la vivienda, el argumentario pasa por recordar que en la etapa socialista la Junta, competente en la materia, hizo medio centenar de casas mientras el Ayuntamiento levantaba más de 5.000. Comparativa que no lleva al último periodo.
El origen del conflicto actual que ha llevado a quebrar el estado de aguas totalmente mansas entre ambas administraciones se remonta a dos fechas, según el Ayuntamiento de Málaga. Por una parte, el documento firmado en 2003 para discernir qué parte de los gastos de inversión y de diferencia entre las tarifas. El Ayuntamiento se encargaría de un 25% de ese gasto. Más tarde, en 2013, firmó un protocolo para resolver el trazado final, por el que debían firmar, siempre según el Ayuntamiento, una adenda al primer convenio. Es de ahí de donde nace el cisma.
El Ayuntamiento básicamente, dice ahora, que la Junta ha modificado el trazado sin tener en cuenta a la administración local. En dos ocasiones ha cambiado el plan de ruta inicial, una para dejar el Metro en La Alameda y no llevarlo hasta La Malagueta. Otra, para soterrar la Línea 2 hasta el Hospital Civil –esta modificación, además, se hizo con la actual Junta y fue ampliamente demandada por el alcalde en las etapas socialistas–.
Entienden desde el Ayuntamiento que la Junta ha "tutelado en solitario" durante todos estos años el convenio y que ahora pretenden "achacarles" los gastos que de él se desprenden. Este medio ha tratado de recabar la versión de la Junta de Andalucía, sin obtener más respuesta que señalar al documento por el que se reclama la deuda del pasado 27 de diciembre.
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