El ministro de Justicia apoya la reducción de partidos judiciales

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, apoyó ayer tarde en Málaga la propuesta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de reducir los partidos judiciales. El informe elaborado por el órgano de gobierno de los jueces plantea pasar de las 431 circunscripciones judiciales que hay en la actualidad en España a 199. Esta reestructuración de la planta, tal y como la han esbozado los jueces, implica en la provincia de Málaga que sólo quedarían cinco de los 11 partidos judiciales que existen.

Ruiz Gallardón no entró en detalles pero sí precisó que ese primer documento del CGPJ "apunta en la buena dirección" porque significa adecuar al siglo XXI un modelo organizativo que ahora responde a la realidad social y económica de la España del siglo XIX.

Durante la clausura de décima edición de las jornadas jurídicas que organiza la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) y la Cátedra de Derecho Constitucional de la Universidad de Málaga, en colaboración con Unicaja, el ministro subrayó que la crisis no será una "excusa" para detener la reforma del sistema judicial, aunque ni se podrán ejecutar nuevas infraestructuras ni se podrán ampliar las plantillas. En este sentido anunció que no se convocarán las oposiciones para jueces y fiscales en 2012.

El titular de Justicia defendió la reforma porque, entre otros motivos, la "seguridad jurídica es un factor de competitividad extraordinario" para captar inversiones" y "la ausencia de seguridad jurídica aleja el capital". Desde este punto de vista se refirió a la expropiación de YPF en Argentina para decir que "por encima del perjuicio que la empresa española Repsol y sus muchos accionistas puedan tener, el principal perjudicado, sin ningún género de dudas, será el propio país argentino y sus ciudadanos" por la inseguridad jurídica que proyecta.

El ministro sugirió que la reforma judicial puede ser una oportunidad para luchar contra la crisis por que en España hay 20.000 millones de euros vinculados a asuntos en los que interviene la Administración General del Estado que están pendientes de resolución judicial.

Para Ruiz Gallardón es esencial aligerar la carga de trabajo que soportan los tribunales de Justicia: nueve millones de asuntos en 2011, frente a los 6,5 millones que registró Francia, con 20 millones de habitantes más. Por eso abogó por articular mecanismos alternativos como la mediación, el arbitraje y todas aquellas otras fórmulas que puedan abrir cauces para resolver conflictos sin supervisión judicial. De nuevo recordó su propuesta para derivar a los notarios los matrimonios y los divorcios de muto acuerdo en los que no hay menores de edad.

También aludió a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dará "un papel más importante al Ministerio Fiscal", sobre el que recaerá la responsabilidad de la instrucción. No obstante advirtió que este cambio no se podrá acometer "en el presente" y que será necesario "un periodo transitorio" dadas las dificultades que existen ahora para ampliar las plantillas.

El ministro recogió el guante que poco antes le había lanzado el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Jesús Chamorro, cuando insistió en la necesidad de despejar los peligros que se ciernen sobre la independencia judicial y demandó que sea la judicatura la que elija a los magistrados que forman parte del CGPJ. Dijo que está dispuesto a "recuperar" el espíritu de independencia que no procura el actual sistema de elección parlamentario.