El Juzgado de lo Penal número 10 de Málaga tiene previsto juzgar este miércoles a la mujer acusada de participar el 8 de marzo de 2013, con motivo del Día Internacional de la Mujer, en la "Gran procesión del Santo chumino rebelde", en Málaga capital. La Fiscalía malagueña ha pedido que la procesada sea condenada a pagar una multa de 3.000 euros por un delito contra los sentimientos religiosos, según el escrito fiscal, al que ha tenido acceso Efe.

La acusación particular, ejercida por la Asociación de Abogados Cristianos, pide un año de prisión y multa de veinticuatro meses por provocación a la discriminación, al odio y a la violencia y por un delito contra la libertad de conciencia y los sentimientos religiosos. El juicio fue suspendido el pasado marzo debido a la incomparecencia de un agente que hizo el atestado policial y que debe ratificarlo en sala.

La procesión había sido convocada por quienes se hacían llamar "hermandad del coño insumiso" y, según el fiscal, "pretendían hacer mofa de los símbolos y dogmas más sagrados para quienes profesan la religión católica. Además, la estructura estaba acompañada de todos los ornamentos que usualmente distinguen a la Virgen en las procesiones de Semana Santa, como flores, velas y manto y las portadoras iban con capirotes, túnicas y mantillas.

El fiscal señala que durante el recorrido, la acusada, que iba la número seis en las listas de Málaga Ahora, y sus acompañantes profirieron con un megáfono a lo largo del recorrido proclamas que atacaban "las verdades inmutables que constituyen la base de la fe católica" y así burlarse de los referentes que consideran sagrados. Durante la procesión, la procesada portó el trono y también empuñó el megáfono para difundir las proclamas del grupo, siempre según la versión provisional del fiscal.

En el escrito acusatorio también se señala que "con la finalidad de ridiculizar los dogmas de la fe católica por parte de la acusada y varios de sus acompañantes, se leyó un texto imitando en su estructura y formato al Credo". La procesión, además de recorrer calles de gran afluencia ante multitud de viandantes, fue grabada en vídeo y difundido en diversas páginas web.

La defensa de la investigada, Amanda Romero, pide una absolución de su cliente porque la manifestación y los hechos acaecidos están amparados en el derecho de la libertad de expresión, aunque para algunos pueda ser una acción provocativa.