Málaga

El 10% de las mujeres que abortan en Málaga tienen menos de 20 años

Una sanitaria en una clínica, en una imagen de archivo.

Una sanitaria en una clínica, en una imagen de archivo. / M. H.

El anteproyecto para reformar la Ley del Aborto que el próximo martes prevé aprobar el Consejo de Ministros contempla acabar con el requisito de que las adolescentes de 16 y 17 años tengan que contar con permiso paterno para interrumpir su embarazo. Por lo tanto, si sale adelante el texto, las menores a partir de 16 años no necesitarán esa autorización.

Según los datos del Ministerio de Sanidad, en la provincia de Málaga en 2020 –las últimas cifras disponibles– abortaron 3.575 mujeres. De ellas, 363 eran menores de 20 años. Es decir, en torno al 10% de las gestantes que interrumpieron su embarazo.

Por la forma en que el Ministerio desagrega por tramos de edad las estadísticas, no es posible calcular cuántas tenían 16 y 17 años. Conforme a los números de la Administración, de esas 363, nueve eran menores de 15 años y 354 tenían entre 15 y 19.

El grueso de las interrupciones voluntarias del embarazo (IVE) se registraron entre los 20 y los 34 años. Exactamente en 2020 abortaron en la provincia 723 mujeres de 20 a 24, 778 de 25 a 29 y 786 de 30 a 34. Son cifras muy parecidas. En el tramo de 35 a 39, se asemejan, pero ya comienzan a bajar. Concretamente se registraron 672 IVE. Entre 40 y 44 años interrumpieron su embarazo 233 mujeres y mayores de 44, un total de 20.

A nivel andaluz, la tasa de IVE descendió algo más de dos puntos en la última década. Exactamente 2,14 ya que de 12,47 abortos por 1.000 mujeres de cada grupo de edad se pasó en 2020 a 10,33. El total de IVE en España en ese año fue de 88.269 y en Andalucía, de 17.121. De manera que las 3.575 registradas en Málaga suponen el 21% de la comunidad autónoma y el 4% de España.

De acuerdo a los datos del Ministerio de Sanidad, la amplia mayoría de las 3.575 gestantes que interrumpieron su embarazo en la provincia, no habían tenido abortos voluntarios anteriores. En esa situación estuvieron 2.084 mujeres. Otras 876 se habían hecho una IVE con anterioridad, 344 sumaban dos previos, 140 acumulaban tres anteriores, 66 se habían hecho cuatro antes y 65 tenían cinco o más previos. De esas casi 4.000 gestantes que se sometieron a una IVE, 1.546 no tenían hijos, 918 ya eran madres de uno, 773 de dos, 230 de tres, 84 de cuatro y 24 tenían cinco o más vástagos.

Entre el pormenorizado detalle de cifras del Ministerio destaca que de las 3.575 embarazadas que se sometieron a una IVE en 2020, un tercio –1.281 (el 36%)– no utilizaba ningún método anticonceptivo. Las que sí lo usaban, en su mayoría recurrían a los métodos barrera –1.037–, hormonales –669–, naturales –452–, o mecánicos –127–.

Antes de 2010, las mujeres solo podían abortar en tres supuestos: peligro para la vida o la salud de la embarazada, que el feto presentara malformaciones o que la gestación fuera consecuencia de una violación. Además –aún en esos tres escenarios–, un facultativo debía determinar si cada caso concreto encajaba en los supuestos contemplados por la ley; lo que en la práctica suponía trabas y demoras que dilataban el aborto.

Desde aquel año se estableció una ley de plazos, que es la que ahora se modificaría si se aprueba el anteproyecto que irá el próximo martes al Consejo de Ministros. En la actualidad, el 95% de las IVE se practican son a petición de la mujer: 3.399 de las 3.575 practicadas en 2020 en la provincia. Un total de 88 se realizaron porque había riesgo grave para la salud o la vida de la embarazada y otras tantas por anomalías fetales.

El informe anual incluye hasta datos de la formación de las mujeres que interrumpieron su gestación de forma voluntaria. La mayoría –1.330– tenía estudios de Secundaria. En segundo lugar –con 957– se situaban las embarazadas con Bachillerato o FP, seguidas de las que tenían estudios universitarios –555–.

Prácticamente cuatro de cada cinco –2.740, el 77%– se sometieron al aborto voluntario con ocho semanas o antes de gestación. La mayoría de las mujeres se informan en un centro sanitario público sobre cómo interrumpir su embarazo. Pero luego son derivadas a una clínica privada concertada en donde se practica en la abrumadora mayoría de los casos.

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