A prisión 40 años unos narcos descubiertos por agentes infiltrados

Los guardias civiles encubiertos llegaron a recibir 38.000 euros para trasladar en un pesquero fardos con 4.700 kilos de hachís

Reducen la pena a tres de los siete condenados por un alijo frustrado de 4,6 kilos de hachís

Un agente del GEAS de la Guardia Civil se dirige hacia los fardos de hachís.
Un agente del GEAS de la Guardia Civil se dirige hacia los fardos de hachís. / D.A.

Septiembre de 2020. Un narcotraficante se cita en una cervecería de Valencia -ajeno al plan urdido- con tres agentes de la Guardia Civil infiltrados y le propone "distintas formas de introducir" droga procedente de Marruecos en España, "a través de embarcaciones". Los investigadores encubiertos llegan a recibir tres pagos por un total de 38.000 euros para trasladar en un pesquero 4.700 kilos de hachís en una operación ilegal que se ejecutaría un año después. El alijo fue frustrado una vez se descubrieron en alta mar dos lanchas rápidas con 155 fardos a bordo, que serían entregados más tarde a los autoridades de forma controlada. La trama había sido destapada y, los culpables, detenidos, varios de ellos en Marbella y Estepona. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) rebajó la pena de prisión de tres de los siete condenados por la Audiencia Provincial de Almería. El caso llegaría hasta el Tribunal Supremo, que ahora ha desestimado el recurso de casación, confirmando así las penas que le habían sido impuestas: en total, 41,1 años de cárcel.

Primera sospecha: la búsqueda de colaboradores

La actuación tuvo su origen cuando la Unidad Central Operativa de Guardia Civil (UCO) tuvo sospechas de que un grupo de personas "buscaba colaboradores que le proporcionasen parte de la logística que necesitaban" para camuflar por algún punto de la costa sur de España "grandes cantidades de sustancia estupefaciente". Uno de los miembros de este grupo, que ya había sido condenado previamente en Melilla por hechos similares, sería el primer cebo de los investigadores. El 3 de septiembre, un agente de esta unidad de élite contactó con él. En el encuentro que ambos mantuvieron, el acusado, según refleja la sentencia, habló de las estrategias para hacer llegar la droga a España.

El malhechor, confiado, le expuso también que a la trama le urgía contar con una "embarcación que recibiera en alta mar la sustancia" a la que traspasaran los fardos de hachís para su posterior descarga en España y entrega. El guardia civil, ocultando su identidad, se mostró interesado en el asunto. La Fiscalía Antidroga de Almería había autorizado que tres agentes encubiertos se infiltraran para destapar a la banda, de la que formaban parte un individuo de origen magrebí y considerado líder de la banda, dos que desarrollaban funciones organizativas y, otro, como responsable de localizar a los colaboradores.

La siguiente escena se desarrolla en una vivienda de Marbella. Allí, uno de los miembros, "siguiendo las órdenes" de otro de ellos, "dio una paliza" a un tercero "por no dar señales de vida" ni "novedades de dónde se encontraba la mercancía". Un día después, el 25 de abril de 2021, acudieron hasta el aparcamiento de una hamburguesería de Conil de la Frontera, en Cádiz, dos de los acusados y el hijo de otro de ellos, que entonces era menor de edad. Según lo acordado para desenmascarar al grupo de narcos, los agentes encubiertos cargaron en una furgoneta un total de 20 fardos - del total de los 155- y cobró, de manos de uno de los delincuentes, 192.000 euros. Entonces estallaron las detenciones de los allí presentes: dos de los acusados y un menor. Ese día, con autorización judicial, los investigadores se incautaron también de dispositivos informáticos, móviles, un sistema de geolocalización GPS y un rastreador de frecuencias. En uno de los inmuebles de los implicados, la Guardia Civil intervino también un reloj Rolex y 9.700 en efectivo.

Las condenas: de tres a seis años

La resolución judicial del Alto Tribunal andaluz reproducía, con una ligera modificación, los hechos recogidos en el fallo de la Audiencia Provincial, que los condenó por un delito contra la salud pública y pertenencia a organización criminal, aunque eliminó la referencia como delegado del jefe que se había adjudicado a uno de los miembros, que desconocía el plan trazado. M.L.M. fue condenado a penas por un total de 8 años y 5 meses de prisión y al pago de dos multas de 18 millones de euros; J.G.B., a 7 años y 4 meses de prisión y a dos multas de 15 millones de euros; J.G.B. y D.T.Q. a 6 años y 2 meses de cárcel y a dos sanciones de 15 millones de euros, y R.E.K. a 4 años y 6 meses de cárcel y al pago de 1,4 millones de euros. Por su parte, a S.A.L. le fueron impuestos 4 años y 6 meses de cárcel y dos multas de 18 millones de euros, y a P.V. 4 años y 1 mes de cárcel y dos multas de 9 millones de euros.

El TSJA desestimó los recursos de apelación formulados por los condenados. Solo estimó los de tres de ellos contra la sentencia. El Supremo ahora declara que "no haber lugar a los recursos de casación". Así, mantienen las condenas: 41,1 años de prisión que se reparten entre los siete narcos que permanecerán entre rejas.

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