La violencia que los narcotraficantes han impuesto en la sangrienta lucha que mantienen entre sus propias organizaciones se recrudece en la Costa del Sol. El fenómeno, para el que el Gobierno descarta un plan concreto al considerar que la acción policial “está siendo efectiva”, ya se mide por cifras. En solo unos meses, la provincia de Málaga ha sido escenario de una veintena de episodios: tiroteos, explosiones y secuestros que, en su mayoría, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado todavía no han logrado esclarecer. La subdelegada del Ejecutivo en Málaga, María Gámez, se limitó a afirmar esta semana que estarán “atentos a la actividad criminal” y que los medios con los que cuentan “están ajustados a la problemática que tenemos en la provincia”.

Y en la misma línea se pronunció, orgulloso, el delegado del Gobierno en Andalucía, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, en su última visita a Málaga, cuando se refirió al “estrés” que la actuación policial generaba en las bandas de narcotraficantes y subrayó que los vuelcos, o robos de droga entre los grupos organizados “se están persiguiendo”.

El Sindicato Unificado de Policía Nacional (SUP), sin embargo, insiste en que Málaga precisaría un millar más de agentes para poner coto al narcotráfico. “Lo seguimos intentando pero no podemos llegar a todo”, reconocía la secretaria general, Mariló Valencia.

El último crimen se produjo el pasado sábado por la noche en la zona de Playamar, en Torremolinos, donde un hombre recibió varios disparos mientras cenaba en un exclusivo restaurante. El autor, según los testigos, tenía claro su objetivo. “Entró buscándole. Fue rapidísimo. Iba encapuchado, le disparó a bocajarro y salió andando por la calzada, hasta que echó a correr y se subió en el asiento de copiloto de una furgoneta blanca”, relataron.

La Policía trabajaba con la hipótesis de que los responsables se dirigían hacia Algeciras en un vehículo de la marca Audi que figuraba robado y que carecía de las lunas traseras. La víctima fue trasladada al Hospital Regional, donde murió horas después. La investigación arrojó que el fallecido ya había sido detenido por su supuesta vinculación con un explosivo hallado semanas antes en la zona de Los Monteros, en Marbella. La víctima, de 33 años, había ingresado en prisión como presunto miembro de una red criminal holandesa especializada en extorsiones y tráfico de estupefacientes que operaba con armas de fuego y explosivos. La red a la que pertenecía el hombre utilizaba armas de fuego y artefactos explosivos. Tras pagar la fianza, quedó en libertad.

Semanas después, otras dos bombas, que llegaron a estallar, hacían saltar de nuevo las alarmas. La Policía recibió el aviso de una explosión en un lavadero de coches situado en calle Letonia, en San Pedro Alcántara. Casi simultáneamente, se producía otro caso similar en las inmediaciones de la vivienda del propietario de la misma nave afectada.

El Sindicato Independiente de Policía de Andalucía (SIP-AN) en Marbella ha remitido un escrito al Ministerio del Interior para solicitar refuerzos en toda la provincia tanto del Cuerpo Nacional de Policía como de Guardia Civil. “Cada vez tenemos más intervenciones con redes de narcos por enfrentamientos armados y los grupos de investigación están dotados con menos presupuestos. Luchan en condiciones precarias. Es cuestión de voluntad política, que no tienen ni este Gobierno ni el anterior”, denunció el secretario de Organización, Óscar Camacho, quien subraya que la escalada de violencia agravada en la Costa del Sol se ha acentuado por la presión policial en el Campo de Gibraltar.

Asimismo, el delegado aboga por cambiar “la ley de enjuiciamiento criminal, que es del siglo XIX”, además de una mayor colaboración entre los cuerpos policiales. “Lo mejor sería dividirnos las zonas y actuar coordinadamente para cubrirlas todas”, recalcó el portavoz sindical.

También en la Guardia Civil es notorio el malestar por la “falta de medios”. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) denunciaron que “en unidades de investigación han cesado en el destino por el hecho de “reclamar una jornada laboral más acorde con la conciliación familiar por el exceso de horas”. “Son vacantes de libre designación. La AUGC ha luchado por limitarlas al máximo. Éstas deben ser de antigüedad, merito y oposición para que el rendimiento de estas unidades sean potencialmente más eficaces”, apostillaron.