Los notarios acusados de blanqueo defienden las sociedades opacas

Los dos notarios imputados en el caso Ballena Blanca, procedimiento contra el blanqueo de capitales presumiblemente organizado en el despacho del abogado marbellí Fernando del Valle, reconocieron ayer que otorgaron escrituras de sociedades constituidas por corporaciones de Delaware, pero que jamás avisaron de esta actividad al servicio de prevención del blanqueo de capitales (Sepblac) porque nunca hallaron ningún indicio que les hiciera sospechar que se estaban lavando capitales de origen ilícito.

La Fiscalía Anticorrupción imputa al notario Álvaro Eugenio Rodríguez diez delitos de blanqueo continuado por los que le pide dos años de cárcel, multa de 1,4 millones de euros y cinco años de inhabilitación. A la fedataria Amelia Bergillos le reclama otro año de prisión, tres de inhabilitación y 650.000 euros de multa por otros tres delitos continuados de blanqueo. Considera que sin la participación de ambos y su disposición a incumplir "reiteradamente las obligaciones impuestas por la normativa de prevención de blanqueo" no hubiera sido posible crear el "entramado societario" destinado a dar amparo al blanqueo que presumiblemente se alumbró DVA, el bufete de Fernando del Valle.

Sin embargo, los notarios se desvincularon ayer de cualquier responsabilidad. A preguntas del fiscal Anticorrupción Juan Carlos López Caballero reconocieron que en su despacho se crearon sociedades participadas mayoritariamente por entidades de Delaware (EEUU), un estado que para la Agencia Tributaria funciona igual que un paraíso fiscal aunque no figure en los listados oficiales. La particularidad de estas operaciones radicaba en que el 99% de las participaciones eran de la corporación extranjera y el 1% de alguna persona de DVA, por lo que el dueño real del dinero no figuraba en las escrituras.

Álvaro Eugenio Rodríguez admitió que hasta que Del Valle llegó a su despacho nunca había dado escrituras a una sociedad participada por una corporación de Delaware, pero que, tras estudiar la normativa aplicable, en cinco años otorgó un centenar, una cifra a su juicio razonable para un despacho con 15 años de trayectoria, 2.000 clientes y ubicado en una zona con importantes inversiones extranjeras como la Costa del Sol. Afirmó que jamás advirtió ningún indicio de blanqueo en operaciones que ya habían pasado el "filtro" tanto del bufete como de las entidades financieras que transferían los capitales.

Amelia Bergillos subrayó que crear una sociedad participada por una corporación de Delaware no encierra más indicios sospechosos que si se hubiera sido francesa y que no podía apreciar rastros de blanqueo porque los notarios "ni tenemos conocimiento ni medios para investigar".

La notaria precisó que el hecho de que DVA tuviera sociedades de Delaware listas para vender a clientes carecía de interés a efectos de la normativa de prevención de blanqueo de capitales porque este no es uno de los supuestos en los que los fedatarios públicos están obligados a avisar al Sepblac, de acuerdo con las instrucciones del Consejo General del Notariado al entenderse que ahí estriba su actividad. Desde su punto de vista esta mecánica no proporciona la misma opacidad que puede tener en un momento dado una sociedad española.