El obispo afirma que el colegio ha tratado mejor a la niña transexual que sus padres

El obispo de Málaga, Jesús Catalá, se pronunció ayer por primera vez sobre el caso de la menor transexual de 7 años que estudia en el colegio concertado San Patricio y consideró que tanto los padres como la Junta están forzando a un tratamiento "que puede perjudicar al menor". Para el prelado, la institución católica es la única que ha respetado en todo momento los derechos de la pequeña y su identidad de género y criticó el "abuso de poder" de la Administración regional al amenazar con la retirada del concierto con el centro educativo que rige la Fundación Diocesana de Enseñanza Santa María de la Victoria, dependiente del Obispado.

"El colegio, la Fundación y el Obispado han tratado al niño con más exquisitez y cariño que la Junta de Andalucía y los padres", reiteró Catalá y aseguró que en el colegio siempre "defienden al niño en sus derechos como ser humano, le respetan en su identidad, en contra del abuso de la Junta y de su madre", manifestó ayer el máximo dirigente de la Iglesia en Málaga tras un desayuno con periodistas. "La Junta nos obliga a tratar al menor como niña en virtud de una ley hoy inexistente, que actualmente es un proyecto de ley y que no se aprobará previsiblemente hasta mayo o junio", apuntó el obispo.

A juicio del prelado malagueño, "la Junta no ha respetado al niño porque, según todos los certificados y estudios, un niño de seis años aún no ha desarrollado la sexualidad" y agregó que "hay informes de psicólogos que insisten en que no se debe de intervenir o dirigir la sexualidad del menor" y, por tanto, consideró que está "influyendo negativamente" las posturas mantenidas por los que defienden que Gabi sea tratada como una niña, pueda vestir la falda o use los baños femeninos.

Jesús Catalá insistió que en el proceso abierto por el Ejecutivo andaluz para una posible retirada del concierto "la Junta de Andalucía hace desviación de poder". Explicó que se trata de una amenaza "por un motivo espurio", que no tiene nada que ver con la educación. "Hemos cumplido nuestra obligación en el concierto no al cien por cien, sino más, y ahora nos acusan de no cumplirlo y amenazan con quitar el concierto por un asunto que no forma parte de su poder en la educación", comentó el máximo responsable de la Iglesia en Málaga.

La respuesta de la Junta no se hizo esperar y el propio consejero de Educación, Luciano Alonso, firmó un comunicado en el que expresaba que "la Junta no ha utilizado nunca argumentos espurios porque nunca lo son los procedimientos establecidos en la ley", subrayó. "Siempre hemos defendido la dignidad y los derechos de los ciudadanos, especialmente de los menores, así como el cumplimiento de las leyes aprobadas democráticamente", agregó el consejero en la nota y añadió que "es triste que el obispo de Málaga opine sobre cuestiones que no son de su competencia ni entiende" y señaló que "en ningún caso actuamos arbitrariamente sino siguiendo escrupulosamente el procedimiento establecido".

Horas más tarde, el Obispado quiso restar fuerza a las declaraciones realizadas durante la mañana y lamentó "que se hayan malentendido unas palabras pronunciadas por el obispo en un contexto coloquial". Sin embargo, se reiteró en los argumentos expuestos con anterioridad.