"Me he visto en la obligación de pelear con el banco para poder seguir en mi casa"

"Me asesoré a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Málaga (PAH) y animo a todos los que estén a punto de perder su casa a que hagan lo mismo que yo: por un lado denunciar las cláusulas abusivas de su hipoteca en el juzgado y por otro, solicitar la expropiación de la Junta". Es la reacción de uno de los propietarios de las tres últimas viviendas de la capital que la Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha expropiado de forma temporal para evitar su desahucio. Prefiere permanecer en el anonimato por "la impotencia que te genera haber tenido que llegar a esta situación, cuando en realidad lo único que quiere uno es un trabajo para sacar adelante su casa y a su familia", relata. Después de conseguir parar el primero de los desalojos previsto, el definitivo estaba previsto para el mes de mayo de 2014, por lo que la expropiación de la Junta era la última vía que le quedaba. Los problemas para pagar el piso, en el que en estos momentos viven tres personas, se remontan a 2009, cuando la empresa para la que trabajaba dejó de pagar a los empleados -ahora está en concurso de acreedores-. "Me he visto en la obligación de pelear con el banco para no perder mi casa", concreta, mientras agradece a la Junta, a la PAH y los abogados de oficio la labor que están haciendo para evitar las ejecuciones hipotecarias.

El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía publicó ayer el inicio de tramitación de tres expedientes de expropiación temporal de uso de tres pisos de la capital, tras las solicitudes presentadas por las familias para acogerse a la Ley de Función Social de la Vivienda. Las viviendas están localizadas en las calles Héroe Sostoa, Secretario Francisco Salcedo y Stendhal; las tres objeto de un proceso judicial de ejecución hipotecaria.

El delegado en Málaga de Fomento y Vivienda, Manuel García Peláez, destacó ayer a través de un comunicado que esta norma "sigue adelante en la lucha contra los desahucios y que continuará defendiendo los derechos de las familias frente a los abusos de los bancos". "No vamos a permitir que esta batalla la ganen quienes se han beneficiado de la crisis", concretó.

La Ley de Función Social de la Vivienda establece como requisitos para acogerse a esta medida excepcional de la expropiación temporal del uso que el afectado tenga en la vivienda del procedimiento hipotecario la residencia habitual y permanente; que la finalidad del préstamo sea el pago de la casa; que el desalojo pueda generar una situación de exclusión, acreditada por los servicios sociales de los ayuntamientos, y que las condiciones económicas de las personas hayan sufrido un importante menoscabo y una situación de endeudamiento sobrevenido respecto a las condiciones y circunstancias en las que se concedió el préstamo.

En la provincia, la Consejería de Fomento y Vivienda suma ya 12 viviendas sobre las que se ha iniciado el procedimiento de expropiación temporal para evitar su desalojo.