La obra de 13 meses que ya va por 8 años

De 13 a 96 meses. Desde que el 28 de enero de 2010 se iniciaran las obras del Metro correspondientes al tramo Renfe-Guadalmedina que, de manera soterrada llevarían el suburbano a la Alameda Principal pasando por el Perchel y cuya duración en este tramo se preveía fuera 13 meses, el calendario de trabajos se vuelve a dilatar de manera pasmosa. El Perchel, no exento de contratiempos y víctima directa de la dilación de estos trabajos de soterramiento, no verá la luz al final del túnel literalmente hasta el verano de 2018, ocho años más tarde de lo que sus vecinos esperaron al comienzo de lo que finalmente se ha convertido una verdadera odisea.

Las trabas han sido varias y variopintas desde sus inicios. Pocos meses más tarde del comienzo de los trabajos en los callejones del Perchel, los restos arqueológicos pertenecientes a la muralla nazarí superaron las expectativas generadas en un principio, obligando a prolongar los trabajos durante dos años en la zona que comprende esos hallazgos.

A partir de este momento, el calendario comenzó a sumar páginas en el desarrollo de las obras de este tramo y desencadenó el engrosamiento de los costes de las mismas (8,2 millones de euros). Incremento amparado por el beneplácito de Fomento que, además, avaló el añadido de nueve millones más demandados por la constructora responsable de este tramo, Grupo Ortiz.

El clímax que la crisis económica alcanzó en 2011 no dejó indiferente a las arcas de la Administración autonómica que, de manera instantánea, vieron su reflejo en los callejones del Perchel. Fue en aquel entonces cuando, el director del suburbano, Enrique Salvo, confirmaba la existencia de otra "reprogramación" en los trabajos aunque negaba una paralización de los mismos.

El calendario siguió sumando páginas y el Perchel continuó sentado a la espera del Metro. No obstante, la situación se recrudeció cuando, en mayo de 2012, Ortiz tomó la decisión de paralizar los trabajos ante la incapacidad de la Junta de asumir los pagos.

De la lentitud del minutero a la parálisis inminente del reloj. Además del desconsuelo de vecinos y comerciantes, que ya se venía agudizando con las primeras dilaciones, estos vieron mermados sus trabajos y paralizadas sus vidas al mismo ritmo que las obras del suburbano. Dos meses más tarde, el nuevo equipo de la Consejería de Fomento, con Elena Cortés al frente por IU, desbloqueó el estancamiento de las obras en la zona tras conseguir los fondos necesarios.

Y es que cuando todo parecía retomar su curso, demorado, pero su curso, la inyección económica que supuestamente solucionaría las desavenencias entre Ortiz y la Junta, tan solo fue el prólogo de lo que más tarde se convirtió en el remate de la gresca. El tercer cumpleaños de las obras del Perchel en 2013 vino cargado de disputas. De nuevo las relaciones entre la Junta de Andalucía y Ortiz se vieron tensadas por razones económicas.

En este caso, la firma adjudicataria del tramo Renfe-Guadalmedina, reclamó al ente regional un incremento del montante inicial, motivado por modificados surgidos durante la ejecución de los trabajos.

Los sobrecostes por los que Ortiz solicitó la cantidad modificada del presupuesto suponían el incremento en 32 millones de euros, frente a los 17 millones autorizados por la Junta, donde se contemplaban, además, los 8,2 millones relativos a las actuaciones de conservación de los vestigios relativos a la muralla nazarí.

Alrededor de año y medio ha hecho falta para ver el desenlace de la polémica que distaba la relación del binomio Fomento-Ortiz y, consecuentemente, entre el Perchel y el Metro. El pasado miércoles el consejero de Fomento, Felipe López, anunciaba la rescisión "amistosa" del contrato entre la Administración autonómica y la contrata, lo que supone, para la finalización de este tramo y la conclusión total de la red del Metro, el aplazamiento hasta verano de 2018. La Junta tiene ahora la ardua tarea de encontrar una nueva empresa que asuma las obras abriendo el proceso de recontratación de los trabajos pendientes antes de 2016, con miras a una duración de 24 meses y un valor de 20 millones de euros.