Un okupa acusado de asesinar -junto a su hijo- con varios ladrillos y una barra de hierro a otro ocupante irregular del mismo edificio donde todos residían en Torremolinos ha negado este lunes la acusación ante el juez durante el juicio con jurado popular del que se ha celebrado la primera jornada.

El acusado, que se enfrenta a una petición fiscal de 22 años de cárcel por haber cometido presuntamente estos hechos, ha señalado que se encontró al herido en un rellano del piso donde supuestamente residían junto a otras personas que consumían en él alcohol y drogas.

El hombre, de origen norteafricano, ha manifestado acompañado por un traductor que el asesinado era muy conflictivo y tenía muchos enemigos, por lo que otras personas podrían haber cometido esos hechos.

Cuestionado por el Ministerio Fiscal sobre porqué había sangre del asesinado en sus gafas y ropa, ha afirmado que pudo ser al intentar levantarlo para ayudarlo cuando se lo encontró malherido y que, en el caso de que él hubiera cometido el crimen, no habría llamado a la ambulancia y a la Policía.

Según el escrito acusatorio, la víctima sufrió múltiples lesiones, una fractura craneal, golpes en ambas manos y fractura cerrada de las dos tibias (para evitar su huida) además de una parada cardiorrespiratoria por traumatismo craneoencefálico severo.

Tras acabar con la vida del compañero de inmueble -según el fiscal- el procesado y su hijo (en paradero desconocido) abandonaron el lugar y se dirigieron a buscar a una pareja de amigos que también estaba previsto que se sentaran en el banquillo de acusados por encubrimiento y para los que el ministerio público pide para cada uno dos años de prisión.

El abogado de estos acusados -un hombre y una mujer- de encubrimiento ha manifestado ante el juez que hay “falta de pruebas”. Esa mujer, sobrina del acusado de asesinato, ha declarado ante el juez que cuando se encontró con el hijo de su tío (ahora en paradero desconocido), no sabía sus intenciones, apenas mediaron palabras y niega haber participado en el supuesto encubrimiento.

La acusación pública pide que además de la pena de prisión al acusado principal se le impongan diez años de libertad vigilada con prohibición de aproximarse a menos de 500 metros a los familiares de la víctima y la obligación de participar en programas formativos para fomento del respeto a la vida de los otros y erradicación de las manifestaciones violentas.

El asesinato se produjo pasadas las 18:00 horas del 21 de diciembre de 2019 cuando en el interior de la vivienda, donde residían irregularmente, se inició una discusión; el acusado avisó a su hijo y aprovecharon que la víctima estaba en el suelo para propinarle numerosos golpes, según el escrito acusatorio.