La cifra de trabajadores de Limasa que ya han acudido a los tribunales a reclamar a la empresa de manera individual el abono de los atrasos acumulados desde 2013 hasta 2018 por el no cumplimiento del convenio laboral vigente sigue en aumento. De hecho, según confirmó ayer el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, son ya entre 700 y 800 las demandas individuales presentadas de todos los sindicatos para reclamar las cantidades exactas que se les debe. El plazo del que disponen los empleados acaba a finales de abril.

El dato fue aportado tras el final de la vista celebrada por el Juzgado de lo Social número 4 de Málaga para determinar la ejecución de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en la que se reconoce que el convenio que se debe aplicar es el de 2010-2012. El letrado del sindicato STAL, José María Ramírez Pedrosa, denunció “la estrategia de Limasa para demorar el procedimiento” judicial, como la entrega de las nóminas de los casi 2.000 trabajadores para ver las cantidades individuales, “cuando no se va a determinar nada al respecto”, o “alegar la existencia de otro procedimiento en el Juzgado de lo Social 12, con el fin de que se suspenda esta causa en tanto se resuelve la otra”.

El objetivo del procedimiento es determinar los derechos en los que se ha perjudicado a los trabajadores por la no aplicación del convenio vigente. “Esperemos que su señoría entienda que no tenemos que esperar a que se resuelva el asunto de Social 12”, confió Ramírez Pedrosa, quien indicó que la jueza “debería pronunciarse diciendo que se han vulnerado los derechos de los trabajadores porque no se les ha aplicado el incremento salarial y que se han vulnerado esos derechos establecidos en convenio porque se congelaron las pagas extras”.

Por su parte, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, dijo ayer que “la intención de la empresa es atender lo que en justicia corresponde y lo que se ha ido negociando durante años atrás”. Tras la vista, desde Limasa reiteraron “la necesidad de negociación entre las partes, con relación con el convenio colectivo, ya que no es posible mantener unas relacionas laborales completamente judicializadas”.

“Estas relaciones ocasionan perjuicios para los trabajadores que no disponen de un convenio colectivo de referencia desde hace más de seis años”, indicaron en un comunicado, recordando, además, “los esfuerzos que desde la dirección Limasa se han venido realizando en los últimos tiempos y especialmente en las últimas semanas”.

Así, consideraron que en el clima actual “de litigiosidad y judicialización que se mantiene desde el comité de empresa, se vuelven a enrarecer y dificultar las relaciones laborales en el seno de Limasa, recurriendo de forma genérica cuestiones que tan solo pueden ser aclaradas mediante las correspondientes demandas individuales que se presenten por los trabajadores y para lo que existen plazos y procedimientos diferentes”.

Al mismo tiempo, reafirmaron que Limasa “está al día con los trabajadores y que se ha cumplido escrupulosamente con lo que el Tribunal Supremo ratificó en relación a esta sentencia, la única firme que ha existido”. De igual forma, se ha alegado que las cuestiones previas al acuerdo de 2013 objeto de esta demanda, están pendiente de resolución por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).En la vista de ayer, la empresa defendió que “la ejecución de la sentencia solo puede ser resuelta mediante resoluciones individuales”. Para Limasa, “se ha demostrado que dado que el preacuerdo de convenio colectivo firmado con el Comité de Empresa en diciembre de 2013 y mediante el cual Limasa retiró el ERTE que había en marcha, queda anulado, se deben reponer las condiciones laborales previas a esa fecha, lo que se ha cumplido cuando Limasa abonó en noviembre una nómina de regularización”.