El pacto por el Metro de Málaga deja ver sus primeras aristas

El supuesto pacto alcanzando la pasada semana por el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía para garantizar la supervivencia del Metro de Málaga empieza a mostrar sus primeras aristas. No en las cuestiones técnicas, en las que las dos administraciones profundizarán la semana que viene, pero sí en el aspecto económico, en el que los dos actores siguen mostrando discrepancias evidentes.

Apenas cuatro días después de que Francisco de la Torre y Susana Díaz escenificasen un presunto nuevo escenario de relaciones, el equipo de gobierno del PP en la Casona del Parque marca la necesidad de variar las obligaciones de pago a las que el actual convenio del ferrocarril urbano obliga al Consistorio, al punto de reclamar una reducción en la participación municipal en los costes de explotación del suburbano.

El matiz fue puesto de manifiesto por el portavoz del PP en el Consistorio, Mario Cortés, en declaraciones a Málaga Hoy. Cortés fue contundente al mostrar la negativa municipal a participar en un 25% en los gastos derivados de la explotación del ferrocarril urbano y de su mantenimiento. Una fase de la infraestructura que se estima en unos 40 millones anuales.

"Ahora cambia casi todo; queremos que se modifique el convenio", manifestó Cortés, que incluyó un acuerdo sobre este aspecto económico, así como sobre la factura de los 32 millones que la Administración regional le reclama al Ayuntamiento, para avanzar en la propuesta de llevar el Metro soterrado hasta la mitad de la Alameda y, en superficie, hasta el Civil.

Lo ahora verbalizado por el portavoz popular ya lo dejó entrever el pasado viernes el propio regidor. En el acto ante los medios de comunicación dejó caer la necesidad de revisar el acuerdo que fija las bases de las líneas 1 y 2 del Metro, que data de febrero de 2003. En el mismo, que cuenta con la rúbrica del propio De la Torre, el Consistorio asume el adelanto de parte de la financiación de la infraestructura, tanto en cuanto el Gobierno central aporte su porcentaje del dinero, y un 25% de los costes de explotación. Ambos detalles son puestos en duda por el equipo de gobierno del PP.

Para reclamar la firma de un nuevo convenio parten de la premisa de que lo que materialmente se plantea modifica lo que se previó en 2003. Mientras en este acuerdo se hablaba de la construcción de las líneas 1 y 2 en toda su extensión, es decir, desde Teatinos y el Martín Carpena hasta La Malagueta, las últimas propuestas dejarán el Metro a la mitad de la Alameda y amplía el recorrido hacia el Civil, trayecto que forma parte de una línea 4.

"Lo que no tiene sentido es que estemos en los tribunales, por un lado, y por el otro nos estemos dando la mano en los despachos", comentó Cortés. No obstante, insistió en la disposición del Ayuntamiento a llegar a acuerdos en estas materias en el marco de la comisión de seguimiento del Metro. La misma, según informó ayer el alcalde, volverá a sentarse a la mesa el 10 de octubre próximo, después de que se descartase un encuentro para este viernes. Sobre el particular, De la Torre avaló los cambios introducidos por la Junta y consideró que es "una victoria del sentido común".

Fuentes de la Administración regional discrepan de la interpretación que se hace en la Casona del Parque sobre el Metro, al entender que la solución ideada para extender la línea desde El Corte Inglés hacia el Civil no tiene otro propósito que el garantizar unos viajeros que hagan viable la infraestructura y equilibren sus cuentas. Un hecho que puede justificar desde el punto de vista jurídico el nuevo escenario sin necesidad de alterar el acuerdo original.