El padre del juez De Urquía cree que hubo un complot para perjudicarle

La sesión de ayer del juicio contra el ex juez de Marbella Francisco Javier de Urquía, que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por posibles delitos de prevaricación judicial y cohecho, ofreció una insólita estampa familiar. Con su hijo acusado, declaró el padre del magistrado suspendido, el ex presidente de la Audiencia provincial de Alicante, Faustino de Urquía. El también juez fue advertido -como ocurre con todos los familiares de acusados- de que no estaba obligado a decir nada en contra de su hijo y, claro está, no lo hizo. Eso sí, antes de empezar, garantizó que todo lo que iba a decir era "verdad".

El hombre, que confesó haber leído varias veces el sumario abierto contra su vástago -del que afirmó poseer una copia en casa-, se mostró convencido de que hubo un supuesto complot para que una de las personas involucradas en la trama que se atribuye a su hijo -el también acusado Igor M. L.- cambiara su versión para implicarle.

El hombre recordó que denunció ese supuesto complot ante el alto tribunal andaluz, después de confirmar que el 3 de diciembre de 2008 se habría celebrado una supuesta reunión en un conocido centro comercial de Marbella entre Igor M. L. y un mando policial, en la que -siempre según su testimonio- se habría planteado esa proposición. Faustino denunció esa supuesta reunión porque le pareció un hecho "alarmante" y se sintió "francamente" preocupado por su hijo. "Tratándose de mi hijo, si hay una maniobra procesal para que un señor cambie su testimonio, me pareció y me sigue pareciendo gravísimo", manifestó. Antes de denunciarlo, dando rienda suelta a su faceta de padre, telefoneó -según aseguró- al propio Igor para confirmar que dicho encuentro se había llevado a cabo.

El padre del juez De Urquía fue preguntado de forma insistente por las actuales relaciones que mantiene su hijo con el acusado Igor y repitió hasta la saciedad creer que existe "un distanciamiento" entre ambos.

Tras la intervención de Faustino, irrumpió en la sala un testigo muy esperado, aunque no por la importancia de su testimonio: el instructor del caso Malaya, el juez Miguel Ángel Torres, que fue titular de uno de los órganos de Instrucción de Marbella y actualmente lleva las riendas del Juzgado de lo Penal número 5. Durante su etapa marbellí fue compañero del ex juez De Urquía, quien acudió a su despacho varias veces a pedirle consejo sobre algunos aspectos de la instrucción del caso Hidalgo relacionados con la administración judicial de las empresas intervenidas. "Me preguntó de forma genérica sobre las remuneraciones del administrador judicial", puntualizó Torres.

La presencia del juez Torres despertó más interés mediático por ser quién es que por la relevancia de su declaración, propuesta por la acusación particular. De hecho, el fiscal superior de Andalucía, Jesús García Calderón, ni siquiera lo había propuesto como testigo.

El magistrado, que encabezó su intervención en la vista dejando claro que desconoce "por completo" los entresijos del caso Hidalgo, explicó que el procesado fue a su despacho "preocupado" y le preguntó, dada su experiencia en los casos Malaya y Ballena Blanca, "cómo debía de hacerse" la fijación de honorarios del administrador.

Torres aseguró que no llegaron a hablar de cantidades y que, "ante la ausencia de una regulación jurídica al respecto", le recomendó "un acuerdo entre los anteriores administradores y el nuevo administrador" en cuanto a los criterios, para "evitar problemas". Con la aplicación de las tarifas oficiales salía "una cantidad muy elevada", de alrededor de 1 millón de euros. Finalmente, De Urquía fijó los honorarios en 63.350 euros mensuales más un 1% de las rentas de las operaciones, una comisión "excesiva", según Torres.

De Urquía se sienta en el banquillo por, presuntamente, haber urdido un supuesto plan -en el que el fiscal incluye el nombramiento de ese administrador- para obtener beneficio económico de personas afectadas por el procedimiento del caso Hidalgo a cambio de favores judiciales. Sobre el nombramiento del administrador, el magistrado granadino destacó que él no intervino en su elección, al tiempo que reconoció que no es fácil encontrar una persona dispuesta a asumir esas funciones pese a su elevada remuneración. "En Malaya nadie quería ser administrador", dijo.

Salvo que haya cambios de última hora, está previsto que el lunes las partes expongan sus conclusiones definitivas y el caso quede visto para sentencia. De Urquía, que comparte banquillo con otros tres acusados (sus antes amigos Arnaud F. e Igor M., y un matrimonio paquistaní por otro asunto de posible cohecho), ya fue condenado por recibir dinero del cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca.

En esta ocasión se enfrenta a dos años de prisión, multas que superan los 8 millones de euros, 30 años de inhabilitación y un año de suspensión de empleo como presunto autor de dos delitos de cohecho y otros dos de prevaricación judicial.