El agente de la Guardia Civil acusado de abusar sexualmente de su hija durante 13 años negó ayer en la primera vista de la sesión oral las imputaciones. La víctima, sin embargo, reiteró ante el tribunal los hechos que presumiblemente sufrió entre los 8 y 21 años de edad.

El juicio comenzó ayer en la Sección Octava de la Audiencia de Málaga a puerta cerrada, a petición de la víctima y está previsto que continúe hoy y los próximos días 10 y 11. El acusado se enfrenta a una petición de 24 años de cárcel solicitada por la Fiscalía por un presunto delito continuado de abusos sexuales y otro de agresión sexual. Su hija, que ejerce la acusación particular, también ha presentado cargos aunque su letrada defensora declinó ayer pronunciarse sobre ellos.

La defensa del acusado, sin embargo, sí explicó al inicio de la sesión judicial que los hechos que se atribuyen al agente "son falsos en toda su extensión". En este sentido indicó que durante esta fase del procedimiento "se podrá ver si obedecen a algún tipo de venganza", al tiempo que agregó que no existe "ninguna prueba médica" que acredite los abusos.

De acuerdo con el relato provisional del Ministerio Fiscal, la joven comenzó a ser objeto de tocamientos cuando tenía 8 años. Los primeros episodios se producían durante la noche, hasta que a los 9 años la violó por primera vez, "repitiendo esta conducta varias veces a la semana desde entonces". Incluso cuando alcanzó los 11 años le llegó a colocar esposas y un año más tarde le mostraba películas pornográficas para que supuestamente aprendiese "los actos y sonidos que se veían", según el acusador público, que sostiene que en todos los casos "abusaba de la autoridad y respeto" que la hija le tenía para conseguir sus propósitos "generando un miedo terrible en ella".

El fiscal agrega que "después de todo este calvario sufrido por la niña, una vez cumplidos los 21 años", el acusado intentó violarla, lo que no consiguió por la oposición que ofreció. La ya entonces joven abandonó el domicilio familiar iniciando un tratamiento como víctima de delitos sexuales.

La Fiscalía además de reclamar los 24 años de prisión para el acusado, que actualmente se encuentra en libertad, también exige una indemnización de 60.000 euros por los perjuicios causados y las secuelas que sufre la víctima que sufre un síndrome ansioso depresivo.

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