Los padres de Julen, el niño de dos años que murió al caer a un pozo en Totalán, y el dueño de la finca, David Serrano, han alcanzado un principio de acuerdo que evitará el juicio, previsto a partir de mañana en el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga. Según el mismo, el procesado aceptará los hechos por los que es acusado así como un año de prisión y se compromete a pagar una indemnización a los padres. 

Esta misma mañana, se han reunido la defensa del acusado, la acusación particular, que representa a los progenitores, y la Fiscalía y, "después de mucho intentarlo, ha habido una aproximación entre las partes", un principio de acuerdo que tendrá que ser ratificado mañana por el magistrado encargado. 

Serrano, único acusado del caso, se enfrenta a un delito de homicidio por imprudencia grave. Previo al comienzo del juicio, la Fiscalía de Málaga solicitaba una pena de tres años de prisión aunque, según las fuentes consultadas por este periódico, ha dado el visto bueno al principio de acuerdo alcanzado entre ambas partes al considerar que ha habido una "reparación parcial" del daño ocasionado a la familia del pequeño. La acusación particular, por su parte, pedía una pena de tres años y medio de cárcel.

El principio de acuerdo tendrá que ser ratificado mañana por el juez

El acusado ha aceptado una condena de un año de cárcel que, según los términos del principio de acuerdo, se suspende con el compromiso de pago de la indemnización. El propietario de los terrenos en los que se produjo la caída al pozo no tiene antecedentes penales aunque la Fiscalía mantiene la acusación de homicidio por imprudencia grave. 

El principio de acuerdo conllevaría también el compromiso de pago de una indemnización, que según han confirmado fuentes judiciales puede ascender a unos 180.000 euros. "Tiene que quedar claro que los padres no han puesto precio al niño, la indemnización es a modo de compensación. No ha sido poner una cifra ni un regateo económico", ha asegurado a este periódico Juan Marín, el abogado de la defensa.

El dueño de la finca tiene previsto ingresar hoy 25.000 euros en concepto de indemnización, un pago que ha reducido la pena mínima de un año de cárcel que establece el Código Penal. Con todo, quedaría pendiente de abono 155.000 hasta completar los 180.000. Este montante será sufragado a 50 euros al mes hasta que mejore la situación económica del acusado. 

Según Marín, el objetivo de la defensa es que "nuestro cliente deje de sufrir, de estar sometido al escarnio y el examen público". Este martes, las partes ratificarán ante el juez el principio de acuerdo.

Fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) de Andalucía han precisado que, a priori, el Juzgado de lo Penal número 9 de Málaga tiene previsto celebrar mañana la vista oral por la muerte accidental del menor. En dicha vista, las partes -Fiscalía, defensa y acusación particular- podrán proponer un acuerdo al juez, que revisará si el mismo cumple los requisitos legales. Si presentan el acuerdo, el magistrado preguntará al acusado si acepta dicho acuerdo. En caso afirmativo, el juez fijará la pena conforme a los términos del acuerdo. Si no se presentara ningún acuerdo, el juicio se celebrará conforme a lo previsto.

Desde el primer momento y durante el año que ha pasado desde que ocurrieran los hechos, David Serrano ha defendido su inocencia. Primero, intentó desviar la responsabilidad hacia el empresario al que le encargó la perforación del pozo, Antonio Sánchez. "Necesitaba agua y contraté los servicios de Antonio, un especialista en perforaciones y búsqueda de agua. Al mes vino con su camión al campo, me hizo un boquete de más de 100 metros dejándomelo abierto, tal cual", defendió en su primera comparecencia de prensa, un mes después de la tragedia. 

Más tarde, afirmó que fue el equipo de rescate quien pudo causar la muerte a Julen y hasta llegó a acusar al padre del menor, José Roselló, de no decir la verdad al defender que los había puesto en aviso del peligro.