Málaga

"Cómo iba a pagarle a Roca si lo que tenía que hacer era pegarle un tiro"

  • De Caldas puntualiza que es "entre comillas" y niega los sobornos · Defensas y acusaciones discutirán hoy si se analizan los convenios en la causa o por separado

Los arquitectos y empresarios José María González de Caldas y Miguel López Benjumea, ambos acusados en el caso Malaya, negaron ayer que pagaran dinero al presunto cerebro de la supuesta trama de corrupción, Juan Antonio Roca, por obtener una licencia de primera ocupación para una promoción en la localidad malagueña de Marbella. La Fiscalía Anticorrupción considera que los dos procesados habrían abonado la cantidad de 60.000 euros en febrero de 2006 al principal acusado, según se contabiliza en los archivos intervenidos bajo el epígrafe Miguel López (Caldas), que la investigación relaciona con la licencia de primera ocupación de una promoción, por silencio administrativo.

Ambos señalaron que existía una sociedad que se llama Miguel López y Cia, en la que el expresidente del Sevilla tiene un 95% y el otro acusado un 5%. El primer acusado explicó que no le puso su nombre porque "el Sevilla había bajado a segunda división y me querían matar", por lo que pidió al otro que la pusieran a su nombre. Indicó que a través de esta sociedad patrimonial gestionaba temas de ganado y caballos e indicó que "es posible" que esta compañía "era la que le debía a Juan Antonio Roca". Cuestionado López Benjumea por si el pago apuntado se realizó a través de esta empresa apuntó que esa cantidad "creo que no la ha pagado nadie", pero ha dicho no poder precisarlo, al no ser socio mayoritario.

González de Caldas volvió a negar que pagara a Roca por algo concreto y volvió a incidir en que tenía negocios de compraventa de ganado y caballos con éste, con quien ha dicho tuvo "infinidad" de conversaciones. Ha explicado que él vendió una propiedad y el comprador le llamó diciendo que "le están poniendo problemas de planeamiento para la licencia de primera ocupación". Dijo que se sintió "engañado". "Si me venden un proyecto sin problemas y con unos parámetros determinados y yo se lo vendo a una promotora que luego tiene problemas de planeamiento lo lógico es que yo me dirija a quien me vende, que es el Ayuntamiento, y en relación con Planeamiento, a Juan Antonio Roca", señaló, añadiendo que "yo pido explicaciones a quien me vende y que me ha engañado".

"Cómo le iba a pagar yo 60.000 euros a Juan Antonio Roca si lo que tenía es que pegarle un tiro, entre comillas, si lo que tenía un perjuicio de 400 millones de pesetas por el convenio Golden. Estaría yo loco. Y, además, por qué le iba a pagar?", aseguró, añadiendo que "bastante mal estaba con el Ayuntamiento, bastante me habían incumplido, me habían machacado, para encima dar dinero". Afirmó que el Ayuntamiento pedía dinero "para arreglar entuertos" y apuntó que Roca "siempre" decía "que hay una calle, que hay una fuente, un tejado de una iglesia que arreglar". "Roca apretaba mucho y el Ayuntamiento", ha dicho, pero ha apuntado que "a nosotros no nos daban nada", precisando que primero "había que contar con Jesús Gil, que era el cherif absoluto, pero después venía Roca". Analizó los negocios que tuvo y detalló los supuestos perjuicios millonarios que le supusieron sus relaciones con Marbella, pero apuntó que el perjuicio comercial "es incuantificable porque en aquella época se vendían las propiedades en Marbella y hoy en día no se vende nada, pero ni hoy, ni el año pasado ni el anterior, ni el anterior...".

Por otra parte, hoy las defensas y las acusaciones se reunirán al final de la mañana para hablar sobre si se analizan en esta causa los convenios que fueron en su día separados y han dado origen a distintas piezas separadas los juzgados de Marbella. Según han informado a Europa Press fuentes judiciales, la idea es que acerquen posturas, antes de manifestarse la Sala. Cabe recordar que las partes ya debatieron sobre si determinados hechos que fueron separados en abril de 2010 de la causa principal del caso Malaya debían analizarse en este juicio o debía seguir su investigación por separado, acordando el Tribunal pedir a los juzgados de Marbella que paralizaran cautelarmente esas causas separadas, relacionadas con convenios.

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