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Como un chute de energía mayúsculo que "devuelve la ilusión". Así se ha sentido en la Vega de Mestanza la retirada de los materiales que se trasladaron hasta allí para construir la depuradora Málaga Norte, cuya obra quedó paralizada a finales de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) al estimar el recurso de la Asociación de Vecinos de Mestanza y Lomas de Cantarranas, un fallo que la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural se encuentra estudiando en profundidad ante la posibilidad de responder judicialmente.
Los materiales retirados, unos tubos de gran envergadura colocados al margen del río, fueron recogidos este lunes por varios camiones y, según explica Mari Carmen Mestanza, la cara más visible de este movimiento vecinal, hacer "aumentar los ánimos" en que la ofensiva contra la esta gran infraestructura, que supone la tala de miles de frutales, puede surtir efecto. Mientras se aclara, esta obra hidráulica, la más importante que el Ejecutivo andaluz tiene entre manos, ha quedado suspendida. Lo que le obliga a pagar una multa anual de casi 1,3 millones (634.000 al semestre) por incumplir la normativa de depuración de aguas europea.
La construcción de la depuradora Málaga Norte y su situación vienen generando polémica desde hace años por las protestas de los vecinos de la Vega de Mestanza, ubicación elegida por la Junta y los ayuntamientos afectados, y su petición de buscarle otro emplazamiento. La ubicación definitiva no se ha movido desde 2003.
De un tiempo a esta parte, los vecinos han recrudecido su oposición en los tribunales, donde, según informó Marcelino Abraira, el abogado que los representa, se ha optado por presentar varias denuncias contra el proyecto ante la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y la Defensora del Pueblo Europeo. A las denuncias ante instancias europeas se suman media docena de pleitos ya en curso por lo contencioso-administrativo (uno de ellos el que motiva esta paralización de las obras) y tres querellas penales, detalló el letrado.
A mediados de junio, la Unión Temporal de Empresa (UTE) que ejecuta las obras denunció "amenazas" a los operarios y decidió paralizar los trabajos y poner los presuntos hechos en manos de la Policía Nacional, que mantiene una investigación abierta. Estas empresas también denunciaron el resto de altercados que se vienen produciendo desde que se iniciaron los trabajos previos.
Entre ellos figuran la quema de maquinaria, la rotura de la pasarela sobre el río o la colocación de barreras naturales para impedir los accesos, entre otras. Tras el transcurso de estos actos la plataforma que abandera el movimiento contra la depuradora ha emitido varios comunicados en los que ha condenado la violencia y se ha desvinculado, especialmente, de la quema de maquinaria y las presuntas amenazas.
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