Una pareja andaluza está atrapada en Kiev con su niña de tres meses nacida de vientre de alquiler. No pueden volver porque la bebé está indocumentada ya que el Consulado español en esa ciudad ucraniana le ha denegado la inscripción. Ningún papel prueba que sea su hija y además la pequeña carece de documentación. Si se la trajeran podrían incurrir en un delito de tráfico de menores. Así que están forzados a permanecer en Kiev.

Miguel González –abogado de Universal Subrogacy, el bufete malagueño que les lleva el caso– estima que en las mismas circunstancias hay unas 30 familias de toda España. “En este momento, el bebé se encuentra en un limbo. Vamos a recurrir ante la Dirección General de Registros y Notarios”, avanzó el letrado. El problema ya se suscitó el pasado verano. Pero tras la denuncia en la prensa de la encrucijada en que se hallaban las familias, la situación se solucionó. Ahora se repite.

La niña tiene tres meses y queda en un limbo jurídico porque está indocumentada

En la gestación subrogada, una mujer alquila su vientre para parir un hijo para personas que no pueden tenerlo. Una técnica que en España no está autorizada. De modo que hay familias que viajan al extranjero para tener así descendencia. Tras el nacimiento, solicitan la inscripción del bebé en el consulado español correspondiente. Aportan diversa documentación y el varón se somete a una prueba de paternidad. Con el resultado positivo de este test, normalmente, esa inscripción se realiza. Entonces la pareja regresa y ya en España la madre inicia el trámite de adopción judicial ante un juzgado de familia.

El problema surge cuando el consulado niega esa inscripción. La legación diplomática argumenta en este caso que no hay una sentencia de un juez de Ucrania que establezca la relación de filiación. “Un requisito que nunca se había pedido”, según el abogado que sospecha que debe haber “instrucciones” del actual Gobierno central. González defiende a la pareja esgrimiendo la Ley de Reproducción Asistida de España. Esta norma establece que los contratos de gestación subrogada no tienen efectos jurídicos –no son ilegales, pero tampoco son válidos–. Sin embargo, la legislación deja abierta la puerta a que se pueda acreditar la paternidad para no dejar a los bebés en un limbo jurídico.

Para González, “el Consulado ha construido una fundamentación jurídica negativa de risa, pueril y por eso vamos a recurrir”. El letrado, que ha llevado numerosos casos de maternidad subrogada, señala que la complicada situación en la que quedan no sólo los padres, sino los bebés:“Los niños están en terreno de nadie. El Consulado no los documenta pese a que son niños biológicos de ciudadanos españoles”.