El paro ya no respeta ni a los propios trabajadores del Servicio Andaluz de Empleo, conocido anteriormente como Inem. El sindicato UGT denunció ayer que se prevé la salida en junio, por finalización del contrato, de 31 empleados que están realizando su labor como interinos y que la plantilla total en las 20 oficinas existentes en Málaga quedará reducida a unas 300 personas. Teniendo en cuenta que el paro no deja de aumentar, se entiende que cada funcionario tendrá que atender cada vez a un mayor número de personas, lo que redundará en una mayor demora de los expedientes y, por tanto, en que los nuevos desempleados tarden más en cobrar. En estos momentos, las personas que van al paro tardan en torno a un mes en recibir la primera prestación y, según UGT, ese plazo puede aumentar por la carencia de personal.

"No se esperan nuevas contrataciones a partir de julio y ni tan siquiera un probable aumento de la plantilla. Los recursos humanos se verán afectados en la gestión diaria y en la repercusión social, y los ciudadanos van a sufrir una demora en el reconocimiento de expedientes y en la concesión de prestaciones", explicó Germán García, secretario de Administración General del Estado de UGT en Málaga, quien subrayó que solo en diciembre hubo 27.193 expedientes que tratar en la provincia. "Con tal cantidad de expedientes no hay medidas posibles para poder llevar en condiciones reales las acciones de control en la tramitación", añadió el representante sindical.

UGT presentó ayer una campaña en defensa del empleado público y asistieron varios delegados provinciales que relataron cuál es la situación actual en cada una de las áreas productivas. Denunciaron, por ejemplo, la masificación de presos en la prisión de Alhaurín o de internos en el Centro de Inserción social frente a la escasez de funcionarios para cubrirlos; el despido de 70 funcionarios en el Ayuntamiento de Torremolinos y la no renovación de los contratos temporales en muchos consistorios; o la pérdida de empleos y servicios en el Servicio Andaluz de Salud.

El sindicato propone firmar un pacto de Estado y establecer un nuevo modelo tributario para elevar la capacidad recaudatoria que afecte, por este orden, a las Sicav, el impuesto de patrimonio, el impuesto de sociedades y el IRPF. También exigen destapar el fraude fiscal que, según sus datos, mueve 6.099 millones de euros en Málaga y 70.000 millones en toda España.