Una partida con dos cartas

La estrategia defensiva de los procesados en el caso Malaya por blanqueo de capitales de origen presumiblemente delictivo se juega con dos cartas: las de Juan Antonio Roca y el abogado Manuel Sánchez Zubizarreta. Ambos han asumido la responsabilidad en los negocios, aunque niegan, como afirma la Fiscalía que sirvieran para dar salida a los fondos obtenidos con el supuesto cobro de sobornos en el Ayuntamiento de Marbella. Da igual quién fuera administrador de las empresas o quién se ocupara de los asuntos financieros o contables. Juan Antonio Roca era quien tomaba las decisiones y, en determinadas sociedades, la gestión jurídica recaía sobre su administrador fiduciario, Manuel Sánchez Zubizarreta. Los demás eran simples subalternos sujetos a órdenes. La estrategia de eludir responsabilidades mirando hacia arriba es fácil y muestra un banquillo cohesionado, pero también ata las suertes de unos a las de los otros.

Los 13 acusados que han declarado en la segunda fase del caso Malaya -aún quedan tres por interrogar- han mantenido a pie juntillas esta versión. El caso más evidente ha sido el de Salvador Gardoqui, al que la Fiscalía Anticorrupción considera contable de la caja B del presunto cerebro de la trama de corrupción, Juan Antonio Roca. Gardoqui ha admitido que se ocupaba de introducir en una hoja de cálculo determinadas siglas, fechas y cifras, una tarea que hacía como "favor" a Juan Antonio Roca, que le ocupaba "15 minutos al mes", por la que no cobraba nada y sobre cuyo contenido nunca preguntó. Él alquiló la oficina en la que Roca tenía su despacho, contrató a personal que trabajaba para el ex asesor de urbanismo de Marbella, le llevaba el asesoramiento laboral en algunas empresas y el contable otras, pero cuando se trataba de rellenar las hojas de cálculo seguía sin preguntas las instrucciones de su cliente hasta para utilizar la tinta de uno u otro color, porque, a esos efectos, él era un simple "amanuense"

El fiscal Juan Carlos López Caballero le recordó ayer que en sus primeras declaraciones indicó que anotaba con color rojo los posibles sobornos de terceros, en azul los pagos que supuestamente derivaba a los concejales y en negro las partidas que figuraban bajo el epígrafe "gastos Roca". Gardoqui, sin embargo, se ha negado a ratificar lo que le contó al juez instructor en los dos primeros interrogatorios y ha asegurado que si utilizaba uno u otro color sería porque así lo pidió Roca.

En esos documentos conocidos como los papeles de Maras, porque se intervinieron en la sede de esta sociedad y referidos al período comprendido entre 2004y marzo de 2006, figura un cuadro que en apariencia recoge gastos valorados en 30,9 millones de euros, de los que el 41% tuvieron supuestamente un fin "particular", el 11% aparecían bajo el epígrafe ayuntamiento y el resto estaban vinculados presumiblemente a sus empresas. Para Anticorrupción, estas anotaciones son la prueba palpable del sistema de cohechos y de cómo los negocios del ex asesor de urbanismo se alimentaban de fondos sospechosos. Pero Gardoqui ayer repitió hasta la extenuación que no sabía nada del contenido de los papeles de Maras e, incluso, que no puede verificar si los archivos que le mostró el fiscal son los que en realidad él rellenó. Juan Antonio Roca, durante su declaración se negó a responder ninguna pregunta relacionada con estos documentos porque, según dijo, Gardoqui había expresado dudas sobre su autenticidad.

El resto de los presuntos testaferros de Roca se han cobijado bajo las sombras bien del propio exasesor de urbanismo de Marbella, bien bajo la de su fiduciario Manuel Sánchez Zubizarreta para eludir cualquier protagonismo en la gestión financiera y jurídica de las empresas. Así lo han hecho los demás letrados del despacho Sánchez Zubizarreta-Soriano Pastor, Montserrat Corulla y Óscar Benavente. Y en términos similares se desarrolló ayer también la declaración de Gonzalo Astorqui, un ejecutivo vasco fichado por Roca para que se hiciera cargo de una promoción con medio millar de casas de lujo que, a través de la empresa Masdevallía, ejecutaba en Los Alcázares (Murcia).

Anticorrupción cree que Astorqui estaba llamado a sustituir a Sánchez Zubizarreta, ya en proceso de jubilación, al frente de las sociedades de Roca. Él lo negó. Se limitó a explicar que fue fichado por el principal procesado en Malaya y que tomó las riendas absolutas de la sociedad y del negocio sabiendo sólo que Roca tenía intereses indeterminados en ambos. Despachaba con él periódicamente, pero no conocía si era el dueño de todo o sólo un socio más. Astorqui reconoció que el trasiego de capitales entre las diferentes sociedades existía. Conforme a lo declarado por Roca confirmó que existieron préstamos entre la entidad de la que él era administrador, Masdevallía, y Condeor, sociedad gestionada por Sánchez Zubizarreta de la que era administradora Montserrat Corulla y que se encargaba del negocio hotelero.

Precisó que tras tener que salir en socorro de Condeor, tras la devolución de unos pagarés, hizo un estudio económico y comprendió que estaba al borde de la quiebra, porque tenía muchos gastos y aún no disponía de ingresos estables, pese a lo cual también le prestó dinero a la empresa que él dirigía en algunas ocasiones.