Si es por el número de pasos administrativos que desde hace más de dos años vienen dando de la mano la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga para liquidar el fracasado convenio de las tecnocasas, la travesía recorrida es de envergadura. De nuevo ayer, tras meses sin encuentro institucional, las dos partes se sentaron a la misma mesa para, a priori, desbloquear de manera definitiva el conflicto derivado de la incapacidad de la Administración regional por afrontar una iniciativa que, 13 años atrás, se cuantificó en hasta 100 millones de euros.

Pero no fue así. Lo que quedó en evidencia es que las diferencias internas en el seno de la Junta, en un plano principalmente jurídico, acabó forzando a modificar las líneas del acuerdo que en los dos últimos años habían estado diseñando las dos instituciones. La nueva hoja de ruta supuso que finalmente las dos partes aceptasen de mutuo acuerdo elaborar una acta para la resolución del acuerdo original. Pero no fue ayer cuando se firmó. El documento tendrá que pasar de nuevo a manos de los servicios jurídicos de la Junta para ser analizado. Y solo cuando tenga su aval se podrá poner sobre el calendario una fecha cierta para que definitivamente el plan de las tecnocasas quede disuelto.

Las discrepancias jurídicas en la Junta alargan más de dos años la decisión final

El paso, en cualquier caso, es indispensable para que, posteriormente, el Ayuntamiento pueda firmar con la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Andaluza (AVRA), no la Consejería de Fomento y Vivienda, un acuerdo de liquidación y reparto de las fincas objeto del proyecto. Conforme a al pacto alcanzado tiempo atrás, el Consistorio pagará cerca de 2,5 millones de euros por varios solares previstos para equipamientos y viarios, así como otros 3,5 millones por fincas que se destinarán a la construcción de viviendas sociales en las calles Gigantes, Parras y Lagunillas. En este caso, la contraprestación no se hará con dinero en metálico sino con la entrega de una serie de pisos sociales a la Junta.

Representantes de las dos instituciones valoraron el último paso dado, sin que ello esconda que sigue sin existir calendario alguno que permita precisar cuándo podrá intervenirse sobre estos suelos. El concejal de Ordenación del Territorio, Francisco Pomares, dejó clara su desazón al término del encuentro. "Hay que valorarlo pero como Ayuntamiento nos extraña que después de que se cerrara el acuerdo político en enero de 2016 y el documento en enero de 2017 todavía estemos a agosto de 2018 y el asunto no haya sido tramitado por la Junta... Esto es difícil de digerir", expuso el edil, quien reclamó a la Junta agilidad a la hora de resolverlo. El retraso afecta nuevamente a algunas intervenciones que el Consistorio tiene programadas desde hace años y para las que dispone de fondos europeos.

Por su parte, el delegado de Fomento en Málaga, Francisco Fernández España, tildó de "muy positivo" el resultado de la comisión de coordinación, en la que "ha quedado de manifiesto la voluntad de ambas partes para cerrar definitivamente este convenio procediendo a su liquidación, lo cual permitirá a las dos administraciones, Junta y Ayuntamiento, continuar adelante en el desarrollo de actuaciones previstas en el ámbito afectado y que ahora están a la espera de que el convenio sea liquidado".