Continúa el terremoto en la Gerencia de Urbanismo de Málaga. Después de que el Ayuntamiento aprobase una reestructuración del ente en el que se defenestró a dos jefas de departamento y se eliminó otro por completo apoyándose en una auditoría externa, la asamblea de empleados de la Gerencia ha aprobado pedir la dimisión de su gerente, José Cardador. 

Además, en una reunión celebrada el 5 de marzo, acordaron el inicio de actuaciones de protesta ante la reestructuración que se pretende poner en marcha, "por incumplir en su ejecución la normativa laboral y suponer la privatización de la gestión urbanística de la ciudad", indican en un comunicado del comité de empresa. 

Este jueves entregaron una carta (a la que se puede acceder en este enlace) al gerente con dicha solicitud, junto con los argumentos en la que se sustentan. En la misma, aseguran que las últimas decisiones del gerente "han creado un clima de incertidumbre y malestar, exacerbando tensiones y alimentando el descontento general". 

Una semana después del anuncio de nueva reorganización para adaptar este organismo público a los cambios normativos y agilizar la tramitación abriendo las puertas a la colaboración de los colegios profesionales, "el gerente de la Agencia Local ha tenido que dar marcha atrás y replegar las medidas, debido a que su adopción habría supuesto un flagrante incumplimiento de los procesos administrativos establecidos para este tipo de modificaciones y habría sumido la gestión urbanística de Málaga en una situación de inseguridad jurídica de imprevisibles consecuencias", aseguran en el comunicado. "Cualquier amortización o creación de un puesto de trabajo debe estar recogida en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) antes de comunicarla a los afectados o de anunciarla en una rueda de prensa. Sin el respaldo de la RPT a los cambios, cualquier trabajo posterior habría quedado en entredicho", añaden. Desde Urbanismo niegan "de forma tajante" que se haya dado marcha atrás al proceso de reestructuración.

Esta situación pone sobre la mesa la denuncia que la representación social lleva haciendo desde hace tiempo sobre la "falta de capacidad del gerente de Urbanismo, José Cardador, para dirigir esta Agencia Pública". "Consideramos que su incompetencia manifiesta es precisamente la causante de los problemas de acumulación de trabajo que se han detectado en algunos puntos de la Gerencia de Urbanismo. Baste recordar que fue él precisamente quien diseñó la remodelación de 2014, ahora supuestamente fracasada, mantenida durante una década sin adoptar ninguna medida destinada a resolver sus puntos débiles", afirman.

"Sorprendentemente, la dirección política de la GMU reincide en su decisión y ha encargado solucionar el problema a la misma persona responsable de su creación. Pero esta vez no han tardado una década en darse cuenta de su incompetencia, sino que han sido suficientes unos cuantos días", critican desde el comité de empresa.

"Necesitamos que nos escuche y actúe, porque la situación es insostenible", conminan los sindicatos a Cardador en la misiva que le han presentado. "En una Agencia Pública que actúa al Servicio de la ciudadanía, es necesario asumir la responsabilidad en lugar de derivar las mismas hacia los empleados públicos de esta GMU. En situaciones de crisis, la dirección y sus decisiones son cruciales, querer atribuir la responsabilidad a los demás, no solo es injusto, sino que es ignorar el verdadero origen de los problemas". A la vez que aseguran que las acciones del gerente les han "puesto en el foco de los medios de comunicación sin la más mínima defensa por su parte".

Así, en el comunicado aseguran que Cardador se "esconde" detrás de la auditoría para proponer una reestructuración "a la carta, en la que el mismo argumento ha servicio para anular puestos de trabajo o para mantenerlos, aplicándolo a conveniencia". Además señalan la creación de nuevos puestos "alguno de ellos condicionados a cumplir con una carta de requisitos tan concreta que ya se sabe quién tiene todas las posibilidades de ocuparlas". 

Aseguran que el argumento de adaptación de la Agencia Pública a la nueva ley de ordenamiento del territorio de la Junta "no se sostiene porque las funciones se vienen desarrollando adecuadamente desde que se aprobó en 2021, sin que influya en ningún momento la denominación del puesto de trabajo".

La asamblea del personal de la Gerencia de Urbanismo "lamenta la imagen que se ha transmitido a la ciudadanía sobre su profesionalidad, al responsabilizarles de unos problemas causados por la inoperancia de su máximo responsable durante los últimos años, preparando el terreno a la privatización de la gestión de licencias y del planeamiento en cuanto la legislación andaluza lo ha hecho posible. Consideramos que la equiparación de los informes externos con los de los profesionales de la GMU supone una grave afección del interés público en la gestión municipal".

Argumentan que además de incrementar el coste de la tramitación urbanística al ciudadano al introducir nuevos actores, "no se han definido con exactitud las herramientas que servirán de control del cumplimiento de criterios urbanísticos para preservarlos de cualquier especulación".

Asimismo, la asamblea de trabajadores considera que la creación de una agencia aceleradora de proyectos, reservada para las grandes inversiones –se anunció para proyectos de más de 500.000 euros de presupuesto–, "supone la institucionalización de ciudadanos de primera y de segunda categoría, que verán cómo la agilización de sus trámites urbanísticos depende exclusivamente de su capacidad económica".