La piscina de Campanillas lleva años abierta con una cubierta sin licencia

La polémica piscina municipal de Campanillas, que el Ayuntamiento de Málaga adjudicó a un empresario privado, ha estado abierta durante al menos siete años sin que la cubierta de la misma contase con licencia. Así quedó patente ayer en la Comisión de Movilidad y Ordenación del Territorio cuando el delegado de Urbanismo, Diego Maldonado, justificó la negativa a autorizar la reapertura de las instalaciones, que fueron cerradas temporalmente tras detectarse ciertas anomalías en la cubrición, en la necesidad de que el gestor de la instalación "legalice la existencia de una cubierta que no está legalizada totalmente".

Según confirmó el Consistorio días atrás el permiso de apertura original tiene fecha de 28 de junio de 2005, si bien el mismo había sido solicitado para una instalación descubierta. "La decisión es pedir que se legalice y esperar a que esté todo legalizado con los informes de quienes tienen que informar sobre la cubrición", dijo, aludiendo al Cuerpo de Bomberos y a la propia Gerencia de Urbanismo. Un trámite que, conforme a la reglamentación actual, tendría que haber solicitado el empresario antes de poder abrir la piscina con el cierre. Será cuando estas exigencias cuenten con informe favorable de los departamentos cuando "estaremos encantados en autorizar la apertura". "Se trata de que no haya una doble vara de medir, sino que usemos la misma para todo el mundo", incidió Maldonado.

El edil insistió en que la licencia de apertura original que se concedió al empresario se correspondía con una piscina "descubierta", que posteriormente fue cubierta por el explotador sin los permisos oportunos por parte de Urbanismo y, según parece, sin el necesario informe de Bomberos. "Me puedo limitar a decir que con motivo de los deterioros surgidos en la cubierta, según la información que me llega, la cubierta no estaba legalizada y no se permitirá abrir hasta que no se legalice", abundó. Para el portavoz de IU, Eduardo Zorrilla, la información dada por el edil de Urbanismo constata que se trata de instalaciones sin informes de Bomberos y "pone de manifiesto irregularidades que suceden desde hace tiempo". Y añadió que ello es producto de que "o ha habido permisividad o falta de control por parte del equipo de gobierno del PP".

Maldonado eludió entrar a analizar lo ocurrido en etapas anteriores, cuando se pusieron sobre la mesa las numerosas irregularidades protagonizadas por el concesionario, a pesar de lo cual el Ayuntamiento ha seguido manteniendo en sus manos este equipamiento municipal. Del listado de obras ilegales formaban parte una edificación de 400 metros cuadrados destinado a restaurante y actividades complementarias y otras de 450 metros para gimnasio y parque infantil. A ello se añade la cubierta. De ello parte, que no podía ser legalizable, fue demolido por el propio promotor.

Se da la circunstancia, además, de que la superficie ejecutada al margen del ordenamiento urbanístico y susceptible de ser legalizado no lo ha sido aún en su integridad, ante la necesidad de que el empresario realice ciertas modificaciones. Y es justamente en este punto en el que se encuentra la cubierta de este equipamiento. Parte de este cúmulo de anomalías era conocido por la Gerencia de Urbanismo desde 2004, cuando abrió un expediente sancionador. Este mismo departamento situó en 250.000 euros la multa inicialmente prevista para el concesionario, cuantía que tras el proceso abierto de normalización se rebajó a 60.000 euros.