La pobreza infantil gana terreno

La pobreza infantil, lejos de tocar fondo, se expande a barrios que tradicionalmente no demandaban servicios de asistencia social dirigidos a menores. A falta de datos oficiales, la organización internacional Save the Children, por su experiencia, calcula que "al menos uno de cada tres niños andaluces puede estar en situación de pobreza". El programa Caixa Proinfancia de la Obra Social la Caixa en Andalucía atendió en Málaga el pasado 2015 a más de 7.500 niños y casi 4.700 familias. Para ello se destinó un presupuesto de 5,78 millones de euros. Desde que empezó la crisis en 2007 hasta el año pasado, los niños atendidos por este programa en la provincia malagueña han superado los 26.500 y las ayudas directas los 45 millones de euros.

Entidades como Incide, Prodiversa, Arrabal, Infania y Hogar Abierto trabajan con otras dos redes de entidades en la gestión de Caixa Proinfancia. "En los dos últimos ejercicios hemos recibido derivaciones de familias que nos han sido inviable acoger en el programa por limitaciones presupuestarias", relatan desde Incide. También aseguran que "se perciben las necesidades en barrios que inicialmente pueden no ser catalogados como zonas con población en riesgo de exclusión, como por ejemplo, Cruz de Humilladero". O bien, subrayan desde la entidad, se reclama ayuda desde centros educativos que inicialmente no se preveía que necesitaran este tipo de actuaciones.

Destacan desde las ONG que "situaciones de desempleo y viviendas indignas siguen siendo elementos presentes entre las familias atendidas" y la lucha contra el fracaso escolar es uno de los grandes retos que continúa existiendo con estos menores que viven en riesgo de exclusión. También el acoso escolar y la falta de herramientas para solucionar los conflictos de forma no violenta. Después de la cobertura de las necesidades básicas, los servicios más demandados para los menores son las clases de refuerzo educativo y logopedia, por ejemplo.

En cuanto a otras variables relacionadas con el perfil de las familias atendidas por las entidades malagueñas destacan las familias de progenitores separados o con relaciones problemáticas "que requerirían de procesos de mediación familiar para minimizar los efectos colaterales y consecuencias en los hijos", consideran los expertos. Javier Cuenca, delegado andaluz de Save the Children, explica que "se trata de familias en paro, muchas monoparentales, con bastantes hijos a su cargo, y que viven bajo el umbral de la pobreza o incluso en situaciones de pobreza severa". Y asegura que "lo que intentamos es, desde un enfoque educativo, que esos niños no se queden atrás por esa situación de pobreza".

En Málaga hay zonas cuyos habitantes llevan décadas viviendo en una crisis continua y cuyos niños han necesitado de ayuda permanente. El barrio de Los Asperones, la Cruz Verde, La Corta, Castañetas o distritos enteros como Palma-Palmilla son ejemplo de ello. Pero entidades como Cáritas Diocesana saben lo que es atender a familias que proceden de cualquier punto de la ciudad y que se han quedado sin nada en estos últimos años. Sin prestaciones, sin ayudas familiares para pagar la hipoteca, desahuciados de sus hogares y sin muchas más puertas a las que pegar, Cáritas ha sido uno de sus pocos asideros. Desde 2007 hasta ahora ha multiplicado por cinco el número de personas atendidas, una gran mayoría con demandas relacionadas con la alimentación.

En Andalucía, tomando como referencia el umbral de riesgo de pobreza de la propia comunidad autónoma -por debajo de 6.091 euros anuales por unidad de consumo frente a los 7.961 euros-, el 27'9% de la población menor de 16 años está en riesgo de pobreza, según datos facilitados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales correspondientes a 2014. Se trata de la tasa más alta con respecto al resto de grupos de edad poblacional y más de siete puntos porcentuales por encima del valor estimado como riesgo de pobreza para toda la población, situada en el 20,3%.

Entidades sociales como Save the Children discrepan sobre estos datos. La organización define el umbral de pobreza como el porcentaje de personas que ganan menos del 60% de la renta media nacional y no autonómica, como utiliza la Junta de Andalucía. De ahí que diferentes entidades sociales manifiesten que el 44,4% de los niños andaluces viven con ingresos por debajo del umbral de pobreza relativa, sólo por detrás de Ceuta y Región de Murcia. En España, este dato es del 30,5%.

"En nuestro país, uno de cada tres niños viven en riesgo de pobreza y exclusión social. Esta proporción aumenta cuando nos referimos a niños que viven en hogares monoparentales, ya que la mitad de estas familias, el 53,3% se encuentran en esta situación", explica Javier Cuenca, responsable en Andalucía de Save the Children. "Este preocupante dato se elevó en 2014 en nuestra comunidad autónoma hasta un dramático 73,9%, según recientes datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía".

Además, el 25,4% de los niños andaluces viven en hogares con una renta inferior al 40% de la renta mediana, lo que se considera una situación de pobreza severa, según la Encuesta de Condiciones de Vida 2014 (INE), datos facilitados por Save the Children. Si se tiene en cuenta la renta media nacional, Andalucía es la segunda comunidad con mayor tasa de pobreza severa, sólo por detrás de Ceuta, con una tasa del 28,2%.

En el ámbito local, el Ayuntamiento de Málaga aumentará en 2016 en más de un 40% el presupuesto total destinado a política social para menores en situación de exclusión. Según los datos proporcionados por el Área de Derechos Sociales del Consistorio malagueño, se invirtieron en 2015 más de 6,8 millones de euros en la ayuda a familias e infancia y para este año están presupuestados más de 9,7 millones de euros.

Si en 2007 se atendieron a 575 menores y 54 familias por los Servicios Sociales Comunitarios dentro del programa de Ayudas Económicas Familiares, la cifra siete años más tarde se había triplicado. En 2014 fueron 1.683 menores los atendidos en dicho programa y 986 familias. "Se trata de prestaciones temporales dinerarias o en especie, de carácter preventivo, que se conceden a familias para la atención de las necesidades básicas de menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello", explican desde el Ayuntamiento de Málaga. El presupuesto en este apartado alcanzaba los 600.000 euros en 2015 y la cifra se repite con exactitud para este año.

Dentro del Plan de Emergencia Social, en septiembre de 2015 se creó la Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda, mediante el cual se han atendido -y luchado activamente contra los desahucios, tanto hipotecarios como de alquiler- a 104 familias y se han conseguido 74 contratos de arrendamiento. También se invertirán más de 400.000 euros entre 2015 y 2016 en bonos de alimentación para facilitar a las unidades familiares con una media de ingresos bajos o insuficiente un complemento económico para cubrir necesidades básicas. En cuanto a subvenciones y actuaciones conjuntas con el movimiento asociativo, desde el Ayuntamiento de Málaga destacan que en año pasado se apoyaron 73 proyectos de distintas entidades por un importe de casi 390.000 euros y con un impacto previsto sobre 4.300 familias.

La Junta de Andalucía, por su parte, destaca que las transferencias y prestaciones sociales llevadas a cabo han permitido en 2014 la reducción del riesgo de pobreza infantil en 17,7 puntos porcentuales. Sin estas medidas, según el gobierno andaluz, "el 45,6% de la población con menos de 16 años de edad estaría en riesgo de pobreza".

Asimismo, fuentes del departamento dirigido por María José Sánchez Rubio aseguran que para 2016 está previsto destinar para la protección de la infancia desde el ámbito de la igualdad y políticas sociales 146,6 millones de euros. Durante 2015, según los últimos datos de la Junta, 126.000 menores se beneficiaron de las medidas puestas en marcha para la inclusión social, como el Programa de Ayuda a la Contratación, el refuerzo de comedores escolares, las escuelas de verano, el ingreso mínimo de solidaridad o las ayudas económicas familiares, incluidas en la Alianza firmada este verano entre la Junta y varias entidades sociales contra la exclusión social de los menores.

Además, destacan que a través del Plan Extraordinario de Solidaridad y Garantía Alimentaria se beneficiaron en el curso 2013-2014 24.000 menores en situación de riesgo a través del refuerzo del programa de comedores escolares en centros docentes públicos y de las escuelas de verano. En el curso 2014-2015 se beneficiaron 28.600 personas, un 19% más con respecto al ejercicio anterior.

En relación con las ayudas económicas familiares, a través de convenios con entidades locales, se han atendido necesidades básicas de 22.500 familias con el decreto de exclusión, y el mismo número de personas, al menos, para el decreto de inclusión. Por último, el gobierno andaluz hace hincapié en el incremento en 2016 del programa de Ayudas Económicas Familiares hasta alcanzar más de 8 millones de euros y beneficiar a más de 27.500 menores.

Por otro lado, Javier Cuenca, delegado de Save the Children, hace hincapié en otro problema relacionado con los menores: la violencia contra la infancia, "un fenómeno multidimensional", con una situación en la que el acoso escolar "es un problema grave y en alza" (un 37% de niños a nivel nacional declaran haber sido víctimas de acoso escolar). "La violencia contra la infancia no está suficientemente visibilizada, por ello pedimos la elaboración de una ley integral de violencia de género contra la infancia". Cuenca considera que la actual Ley del Menor no contempla la violencia infantil como debería e insiste: "El fenómeno de la violencia contra la infancia es de tal dimensión que necesitamos una ley propia".