El polémico adiós a la residencia Marymar

Este martes se cumple el plazo. Ése será el día en el que la residencia Marymar de Benalmádena previsiblemente cerrará sus puertas tras tres décadas dando servicio a decenas de ancianos. Un cierre con el que no están de acuerdo las familias ya que ello supondrá el traslado de los residentes a otros centros de la provincia, lo que califican como una situación "injusta". Pero hay que remontarse al pasado mes de abril para conocer lo que ha ocurrido en este centro benalmadense en el que convivían alrededor de 80 usuarios. A principios de abril los familiares recibieron una circular en la que se les informaba del cierre de este centro, el cual depende de la Obra Social de Unicaja. La abogada de los familiares, Silvia Arena, informó en su momento de que en esta misiva no se detallaban las obras que se iban a hacer en este inmueble, que data de los años sesenta. Fuentes de la entidad informaron de que se iba a llevar a cabo un estudio técnico del estado del inmueble para determinar su futuro y aludieron a deficiencias estructurales para justificar el cierre.

Desde entonces los familiares no se han quedado de brazos cruzados. Primero mantuvieron encuentros con representantes del Ayuntamiento de Benalmádena para informarles sobre esta situación, a la vez que apelaron al Defensor del Mayor y del Pueblo, entre otras figuras. El Consistorio no tardó en mover ficha y a través de una moción, que fue aprobada por unanimidad, anunció que en el caso de que el cierre se prolongara de manera indefinida o el inmueble se destinara a otro uso que no fuera el de residencia de ancianos solicitarán la ejecución de los requerimientos emitidos por la Demarcación de Costas, es decir, que se lleve a cabo la demolición ya que este inmueble ocupa miles de metros cuadrados de dominio público marítimo-terrestre.

No obstante, ésta no fue la única iniciativa que organizaron los afectados por el cierre. Todos los lunes del mes de mayo las familias se concentraron a las puertas del centro para exigir una solución que garantice el futuro de estos mayores. Unas protestas que contaron con el apoyo de las autoridades locales y que se volverán a repetir mañana. A ello se une una página creada en Facebook, que ayer contaba con casi 400 miembros, en la que se exige a la caja que no clausure el centro.

Pero desde Unicaja también han querido explicar la situación actual de Marymar. Desde la entidad afirman que han llegado a acuerdos con varias residencias de la provincia para que la treintena de usuarios que aún se encuentran en las instalaciones puedan contar con plazas. Asimismo, añaden que los precios de estas residencias serán similares a las tarifas que actualmente pagan los residentes, excepto en una situada en Benalmádena en la que esperan que con la tramitación de las ayudas de la Ley de Dependencia se consiga una rebaja en el coste.

Así, las mismas fuentes de esta entidad financiera detallan que sólo dependen directamente de Unicaja cuatro trabajadores, los cuales previsiblemente serán reubicados. El resto, hasta sumar 45, son empleados de una contrata. Por otro lado, insistieron en afirmar que se encuentran a la espera de los resultados del estudio del estado del edificio para determinar su futuro, a la vez adelantaron que ya han mandado documentación al Consistorio benalmadense sobre los hechos y que el desalojo viene obligado por motivos de seguridad.

Sin embargo, algunos familiares no están de acuerdo con estas soluciones, por lo que solicitaron a la entidad, entre otras medidas, que se haga cargo de la diferencia de coste que los usuarios deberán pagar en otras residencias de la localidad. "Con quien tienen que llegar a un acuerdo es con nosotros, que es con quien mantienen un contrato indefinido. No me puedo creer que en la fecha a la que estamos no se hayan reunido familia por familia", critica Sonia Martínez, hija de un residente, a la vez que dice que se mantuvo una reunión "general" el pasado 18 de mayo.

Por su parte, la abogada de los afectados afirma que en el caso de que se realice el cierre en la fecha prevista presentará dos denuncias ante los juzgados; una por abandono y otra por la vía civil por incumplimiento de contrato. "Hay gente que se irá, pero otros nos quedaremos y no saldremos por la puerta a menos que haya una orden judicial de por medio", dice Sonia. La portavoz también denuncia la falta de apoyos por parte de algunas figuras o administraciones, como es el caso del Defensor del Pueblo o de la Consejería de Bienestar Social.