Málaga

Los promotores alertan "si no se aligera la tramitación de suelo, no bajará el precio de la vivienda"

Bloques de pisos en un barrio de Málaga.

Bloques de pisos en un barrio de Málaga. / Javier Albiñana

El de la vivienda es, sin mucha duda, uno de los principales problemas de Málaga. El precio sigue al alza, con una demanda desbocada y la oferta no es capaz de responder. En esta coyuntura, propuestas de uno y otro lado del espectro político no se han hecho esperar e incluso el Gobierno de España ha centrado sus grandes últimos grandes anuncios en este área, con la movilización de los bienes de la Sareb, la nueva Ley de Vivienda y el anuncio de que se promoverán 43.000 viviendas sociales en toda España. Mientras tanto los promotores malagueños avisan: "Si no se aligera la tramitación de los suelos, no se solucionará el problema de la vivienda". 

Este martes los promotores andaluces se reunieron con la Junta de Andalucía para poner este y otros temas sobre la mesa en pos de soliviantar las dificultades de acceso a este bien por parte de la población. En este escenario, Málaga está en una encrucijada especialmente delicada, distintos factores la colocan en todos los rankings en aumento de precio y atracción de talento. Esto, unido a su interés turístico está haciendo que convivan de la mano la gentrificación provocada por el turismo y la que se produce en las ciudades de la creativas. 

La secretaria general de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga (ACP), Violeta Aragón fue una de las personas que se reunieron con el Ejecutivo autonómico para poner en valor las propuestas de las distintas administraciones y aportar su punto de visto. En la misma criticaron la ley nueva Ley de Vivienda, "nosotros creemos, y se ha demostrado en Cataluña y en otros países, que poner trabas al propietario para que alquile reducirá la oferta y aumentará los precios". La misma afectaría a casi la totalidad de los nuevos alquileres en la provincia, por encontrarse tensionados. 

De ahí que la propuesta de los promotores pase por "aligerar los trámites, como le pedimos a la Junta, para que se puedan poner en carga nuevos desarrollos, ahora mismo en Málaga hay muy poco suelo finalista y el trámite hasta que se empieza a construir es de más de diez años", apunta Aragón, que pide que se marquen unos plazos fijos para el desarrollo del suelo y que se agilice el planeamiento, "no pedimos que la ley sea más laxa, la queremos igual de rigurosa, pero con plazos ciertos y ágiles, si no se puede hacer nada dímelo en el minuto uno y no en siete meses". 

Ahora mismo, atendiendo a los planes generales, en Málaga no hay suelo finalista para las cinco mil viviendas que plantea el Plan de Vivienda presentado por el Ayuntamiento, que las sitúa en suelos que están en distintos puntos del trámite a seguir –algunos de ellos, los menos, para construir–, pero que atendiendo a los plazos ofrecidos por los promotores no se alcanzaría en un mandato, ni en dos, el total que proponen. La promesa electoral del PSOE duplica este número de VPO

Los bienes de la Sareb 

En cuanto a la propuesta de poner a disposición los bienes de la Sareb –en Málaga cuenta con 602 viviendas, 100 de ellas en la capital, y 580 suelos, 50 en la capital– Aragón señala que es una medida "a corto plazo y que no termina de poner la solución ahora, pero no mira a medio y largo plazo", además de poner en cuestión el interés de la mayoría de estos suelos –cabe destacar que el llamado banco malo tiene como parcela más jugosa en la capital una en los terrenos de Repsol donde podría levantar un edificio de hasta 34 plantas–. 

En este sentido señala que la dificultad ante la falta de suelos está en que aumenta el precio del mismo, "en Teatinos el metro cuadrado estaba en 600 euros y la última parcela que quedaba se ha vendido al doble, a ese precio no salen las cuentas para hacer vivienda de VPO". 

Además, incluso en las promociones dopadas por las instituciones como puede ser la última del IMV en el sector de la Universidad en el que el suelo estaba a coste 0 y había una subvención de 50.000 euros por vivienda por parte de la Unión Europea, sólo se han presentado dos licitadores –en el segundo intento, el primero quedó desierto– porque "los números no salen o están muy ajustados".

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