El pasado viernes, minutos antes de terminar su jornada laboral, advirtieron a los promotores laborales de que iban a llegar las cartas de cese de su actividad. Les pilló por sorpresa. La Consejería de Empleo se había comprometido a mantener hasta el 30 de septiembre sus contratos, "en las condiciones que nos permita nuestra capacidad presupuestaria". Pero los documentos no estuvieron a tiempo y algunos recibieron un burofax en su propio domicilio el sábado 30 de junio. Un total de 74 profesionales en Málaga y 413 en Andalucía son los nuevos afectados de las políticas de ajuste. La semana pasada también se cerraron las 47 oficinas de orientación laboral y 200 trabajadores se vieron en la calle. Unos 35.000 parados se quedarán sin este servicio.

Aseguran los promotores de empleo, que suponen el 40% del personal técnico de las oficinas del Servicio Andaluz de Empleo, que estos ceses son "un ERE encubierto, despidos como represalia de plantear el conflicto colectivo, que el comité de empresa registró el pasado 27 de junio". Por su parte, la Junta afirma que es el Gobierno central el que "ha consumado el grave error de no renovar a los promotores y orientadores de empleo" al recortar en un 57% los fondos para las políticas de empleo.

Manuel Salazar era hasta ayer uno de los promotores laborales en las oficinas del SAE. Él no recibió la documentación en casa y acudió a su puesto de trabajo. Fichó a las 8:00, metió sus claves en el ordenador y comenzó a atender al público. "Hemos entrado a trabajar normalmente pero a lo largo de la mañana han estado dando de baja nuestras claves de las aplicaciones informáticas y ahora mismo estamos esperando en la oficina a que lleguen cartas de cese para poder firmarlas y presentar las reclamaciones oportunas", explicaba ayer este técnico.

El colectivo no pretende quedarse quieto después de ver cómo sus aspiraciones de trabajar tres meses más se truncan. "Vamos a pedir nulidad del despido porque hay lesión de derechos fundamentales, del derecho de indemnidad de los trabajadores porque se ha producido un despido como represalia de plantear el conflicto colectivo", consideró Manuel Salazar.

María Pérez, otra promotora, mostraba ayer su malestar. "Pensábamos que íbamos a estar tres meses más, con la posibilidad de reducción a media jornada, incluso habíamos pensado asumir un recorte del 25% del sueldo sin reducir la jornada, pero se han quedado desabastecidas las oficinas en el mes de julio para atender a los desempleados", comentó esta técnico que aseguró que "había ya algunos promotores de vacaciones y se han tenido que volver de sus viajes".

El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo solicitó por carta el pasado 8 de junio una reunión a la ministra de Empleo para demandar para Andalucía un Plan de Empleo Integral que permita dar continuidad a los Agentes Locales de Promoción de Empleo (ALPES) y a los Promotores de Empleo. Este encuentro se producirá el próximo 18 de julio. Según fuentes de la Delegación de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, "Andalucía, a causa de este tijeretazo del Gobierno central, recibirá este año 396 millones de euros menos para políticas activas de empleo". Esto se traducirá, según los promotores cesados, en una pérdida evidente de calidad en la atención al desempleado. Los afectados aseguran que "presionaremos al comité y a los sindicatos para que luchen por la legalidad, no pedimos más".

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