El protocolo general que firmaron la Junta de Andalucía y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no obligaba al Gobierno andaluz a presentar ningún proyecto. En el texto, al que ha tenido acceso este periódico, se indica que la administración autonómica debía aportar la documentación para la ejecución de las obras y la puesta a disposición de los terrenos.

Este punto se ha convertido en un nuevo enfrentamiento entre las dos instituciones. Y maýusculo a tenor de las declaraciones de los últimos días provenientes de los dos bandos. La polémica empezó cuando el pasado martes, el Gobierno central informó de que la Junta de Andalucía había enviado la documentación sobre los terrenos de esta infraestructura, que finalmente serán en una parcela de Vélez-Málaga, pero no había rastro del proyecto. Acto seguido, la Junta respondió que le había enviado toda la información que les habían requerido en el protocolo y siguen asegurándolo.

“La Junta de Andalucía aporta toda la documentación disponible para agilizar la ejecución de las obras. Asimismo, colabora en la puesta a disposición de los terrenos donde finalmente se ubican las infraestructuras objeto del presente protocolo”. En esas 36 palabras, escritas en el protocolo, no se hace ninguna referencia al proyecto, algo, que por otra parte, resulta sorprendente.

En el mismo documento también se expone lo siguiente: “La gestión de estas obras podrá realizarse directamente por los órganos competentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o a través de las confederaciones hidrográficas. También podrán gestionar la construcción y explotación de estas obras, las comunidades autónomas y entidades locales en virtud de convenio específico o encomienda de gestión”. Esto quiere decir que el Estado debe ejecutar esta obra, pero Andalucía podría llevarla a cabo si hay consenso por ambas partes.

Ayer, la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, señaló que la Junta de Andalucía tiene su mano tendida al Ejecutivo para ayudarlo a llevar a cabo esta obra. Lo que no comprendía Navarro era que el Gobierno “juegue con la incertidumbre de la población” y lo considera “inadmisible”.

“Da que pensar”, incidió la delegada. De igual forma, señaló que cree que esta podría ser “la forma de esconder su incapacidad o falta de determinación para ejecutar las obras de esa desaladora; me da que pensar que lo que realmente quiere el Gobierno es no hacerla".

La semana pasada ambas administraciones (Ministerio y Consejería) mantuvieron una reunión, donde, según la Junta, se confirmó la aportación de todos los documentos que enviaron días más tarde. Al hilo de ello, la delegada, pese a que en el protocolo no viene indicado nada del proyecto, señaló que a ellos no les informaron de que faltara ningún papel, pero si hay algún fallo en la documentación, “para eso están los plazos de subsanación de errores”. Además, hizo hincapié en que el papel de la Junta termina al entregar toda la documentación, “si hay algún error lo subsanaremos”, pero ahora “está la pelota en su tejado”.