El PSOE dice que llevará a la Fiscalía Anticorrupción el medio millón de sobrecostes indebidos en el parking de Pío Baroja en Málaga

El PSOE asegura que llevará a la Fiscalía Anticorrupción "las graves irregularidades detectadas en la construcción del aparcamiento de Pío Baroja", en El Palo. Esto sucede después de que el Ayuntamiento de Málaga anunciase este martes que Smassa aprobará en su Consejo de Administración tres puntos para reclamar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) que se encargó de las obras del parking, UTE Pío Baroja, CHM Obras e Infraestructuras S.L. & IELCO, 525.000 euros por sobrecostes abonados indebidamente.

Dani Pérez, portavoz municipal del PSOE, asegura que uno de los informes en los que se basa Smassa para reclamar a concesionaria de la obra "reconoce sobrecostes millonarios, pagos contradictorios e importantes dudas sobre la gestión de la obra". Lo que demuestra, según los socialistas, "una presunta trama corrupta para cobrar sobrecostes de la obra, con enchufados a dedo, falsificación de firmas e informes periciales hechos a medida".

Pérez ha valorado que en el consejo de administración convocado para este viernes "sólo se ha facilitado un informe que reconoce una desviación de 525.000 euros, pero se ocultan otros dos informes que, según se recoge en el propio dictamen presentado a modo de informe, podría elevar el desfase económico".

"Estamos hablando de más de dos millones de euros que pueden haber salido del bolsillo de los malagueños y malagueñas sin justificación clara", ha criticado el dirigente de los socialistas malagueños, para quien "lo más grave es que el alcalde oculta deliberadamente esa información al consejo de administración para tapar la magnitud del escándalo".

Asimismo, ha subrayado que el dictamen técnico confirma "pagos con precios contradictorios, posibles valoraciones dudosas y errores de medición graves que inflaron artificialmente las certificaciones de obra".

"Se contabilizaron 106 días de paralización de la obra cuando en realidad solo eran 45. Se aceptaron mediciones de excavación que duplicaban lo realmente ejecutado", ha criticado Pérez, al tiempo que ha agregado que "se ha firmado una liquidación final que en realidad es provisional, un cierre en falso que pretende disfrazar las cuentas para que no se fiscalizara la obra".

El informe habla, según los socialistas, de "sobrecostes" con partidas "infladas en un 50% del presupuesto final" y de una liquidación "en falso". "No lo decimos solo nosotros, lo reconoce los informes independientes encargados por Smassa", ha señalado, antes de advertir de que "no vamos a permitir que se blanquee un posible desfalco millonario con dinero público".

Pérez ha enumerado las presuntas "irregularidades": "Se falsificó la firma de una técnica municipal porque no quería avalar informes ilegales, se contrató a dedo a un técnico externo para suplantarla, se encargaron peritajes con dudosos informes para rebajar los sobrecostes y se nos ocultó información a los consejeros".

"Por si fuera poco, aparecieron correos electrónicos donde se presumía de que la adjudicataria era 'una empresa malagueña pequeña y manejable', lo que demuestra cómo se gestó este escándalo", ha relatado.

En este sentido, el portavoz socialista ha asegurado que su grupo pedirá "la suspensión inmediata del consejo de administración si no se entregan los dos informes ocultos". "Si no se nos entrega toda la documentación en tiempo y forma, exigiremos la paralización del consejo. No vamos a participar en un paripé diseñado para encubrir responsabilidades", ha afirmado.

De igual modo, los socialistas han recordado que el proyecto, que se adjudicó "por algo más de ocho millones de euros", elevó su presupuesto, tras una serie de modificaciones, a 10,3 millones.

"Estamos hablando de un exceso de más de 800.000 euros, maquillado en los consejos de administración y presentado como un 18% cuando en realidad el desvío rozaba el 30%. No es un descuido contable, es un engaño político deliberado", ha aseverado el líder de los socialistas malagueños.

Por último, Pérez ha señalado que hay "responsabilidades políticas ineludibles", y que "al gerente dimitió, pero aquí las decisiones se tomaban bajo la presidencia del alcalde y con la participación de los concejales de Movilidad y Hacienda".

"No se puede tapar lo que ya es evidente: que hubo una gestión negligente, que hay dinero público desviado y que alguien tiene que responder por ello. Aquí alguien ha trincado dinero, y hay que investigarlo debidamente", ha concluido Pérez.