Un problema a nivel mundial puede tener efectos locales muy importantes. Así, la fuerte demanda de suministros básicos de la gran industria para reactivarse tras estar parada por la pandemia ha ocasionado un doble problema de escasez y carestía de muchas materias primas. Es un problema que afecta a todos los sectores, y especialmente a la construcción. De media, una obra completa está incrementándose entre un 12% y un 14%, según la Asociación Provincial de Constructores y Promotores de Málaga, un sobrecoste muy importante si tenemos en cuenta que en esta actividad se trabaja por contrato y con presupuestos muy ajustados.

Desde el sector se avisa de que, si la situación no se reconduce, la obra pública puede quedar paralizada al no poder cumplir las empresas con los pliegos de licitación establecidos. Y la obra privada, la impulsada por los promotores para edificación de viviendas, puede acabar en una subida del precio para los compradores finales.

Por partes. En el caso de la edificación de viviendas, Violeta Aragón, secretaria general de la asociación de promotores y constructores, señala que “los constructores están teniendo grandes dificultades para ejecutar lo contratado; y no es por su culpa, sino por el efecto de una crisis internaconal más allá de cualquier tipo de riesgo de contratista. No pueden cumplir. La solución es hablar con el promotor y llegar a acuerdos para que las partes compartan la subida.En ese caso, el promotor puede tomar la decisión de repercutir esa subida de los suministros en el precio final de las viviendas”.

El caso de la obra publica es bastante diferente, ya que “se rige por la ley de contratos, que es muy rígida, y es más complicado llegar a un acuerdo entre las partes”, señala Violeta Aragón. Esa dificultad y la escasez de suministros, añade la secretaria de la asociación, están “ralentizando” la ejecución de las obras. Ahora mismo, todas van más lentas a la espera de una normalización de los precios de los suministros o de un cambio que propicie una mayor flexibilidad de la Administración.

En eso está el sector, no ya a nivel provincial sino nacional, ya que, en teoría, sería necesario un cambio legal para reconfigurar los contratos. En la actual ley se contempla la posibilidad de que haya modificaciones presupuestarias si hay “riesgos imprevisibles” para el contratista, y lo que pretenden las asociaciones de constructores es que la situación actual se considere como tal. De no acceder la administración a esta demanda, y de continuar los precios de los suministros básicos por las nubes, las empresas pararían las obras ante la imposibilidad de cumplir con el contrato firmado. El riesgo está ahí y es real.

Entre las obras en riesgo en la provincia estarían, por ejemplo, las de la ampliación del metro, la construcción del nuevo edificio de la Facultad de Turismo y la unión de la hiperronda con la ronda oeste en la capital; o el nuevo aparcamiento subterráneo público de Estepona, en la provincia

A esta tormenta perfecta se le añade la dificultad para encontrar personal cualificado, algo que “también repercute en los costes”, señala Aragón. Las nuevas generaciones no se han incorporado a este tipo de trabajos justo ahora que repuntan las obras y evidentemente los que sí están formados –que son escasos– están bien pagados por la simple ley de la oferta y la demanda.

“Lo ideal es que la crisis internacional pase, pero no hay perspectivas de ello a corto plazo y los plazos pueden ser mayores. Ahora estamos negociando y reajustando tareas, pero dentro de unos meses ya no habrá más remedio que paralizar las obras; ahora solo las ralentizamos y esperamos a ver si escampa”, afirma Violeta Aragón.