"El daño hecho al pueblo, a nuestra familia e hijos sólo se repara con una sentencia absolutoria"

"Han sido cinco años de una presunción de culpabilidad forzada". "Aquí no se ha demostrado nada, se nos acusa de una trama de corrupción, pero todavía no sabemos por qué se nos acusa". Juan Martín Serón utilizó su derecho a decir la última palabra en el juicio por el caso Troya para defender su honorabilidad y su inocencia y la de su concejal de urbanismo, Gregorio Guerra.

Afirmó que le "irrita e indigna" la corrupción política "contra la que siempre he luchado", aludió a los "cinco años de sufrimiento, de pena de banquillo, de pena de telediario" que han tenido que asumir y defendió que lo único que ha hecho, porque ésa es su obligación, es aceptar donaciones y patrocinios de interés público para Alhaurín el Grande. Es más, aseguró que la última colaboración de estas características que ha aceptado tuvo lugar la semana pasada.

Se definió a sí mismo y a Gregorio Guerra como personas trabajadoras y ahorrativas, a las que Hacienda, después de investigarlos a fondo a ellos y a sus familias, no ha hallado ni un sólo hilo suelto. Pidió que no se "criminalice" el uso de dinero en efectivo porque son muchos los negocios, como los de su esposa, en los que se utiliza y lamentó que no se le hubiera preguntado por las escuchas en la que se le oye hablando de urbanismo con Gregorio Guerra porque pudiera haber podido aclarar en qué contexto se desarrollaban.

La defensa de Martín Serón, que ejerce el letrado Carlos Larrañaga, aludió también a las dificultades de defenderse de una acusación "tan cambiante y contradictoria", porque la Fiscalía comenzó imputando cinco delitos de cohecho y prevaricación omisiva, para acabar atribuyéndole 13 delitos de cohecho y señalarlo como el dirigente de la supuesta trama, sin que esta evolución se haya visto acompañada de nuevas pruebas. Criticó que los cargos se hayan construido sin más elementos que conjeturas e indicios que en el juicio no han sido reforzados.

En nombre de Gregorio Guerra el letrado Pedro Apalategui subrayó que los promotores aportaban fondos que no se destinaban al enriquecimiento personal del alcalde y su concejal, sino a la financiación de obra pública y recalcó que no tiene sentido pedir una dádiva para un acto legal y reglado. También criticó que se hayan introducido elementos nuevos en el juicio sobre los que nunca se había preguntado antes a los interesados, como esa afirmación del fiscal de que los promotores tenían que pagar para evitar retrasos y obstáculos en sus proyectos.