El desalojo de la barriada de Los Asperones, donde siguen habitando del orden de 290 familias, vuelve a inscribirse en la agenda de las administraciones públicas. El núcleo se levantó de manera provisional hace ahora más de 30 años para realojar a los afectados por las inundaciones ocurridas en 1985. Pero la intervención, que tenía fecha de caducidad, ha pasado a convertirse en una de las grandes promesas incumplidas en la historia reciente de la capital de la Costa del Sol.

Ahora, por enésima vez, las instituciones retoman la cuestión. Lo hacen, a priori, con el compromiso del Ayuntamiento y la Junta de Andalucía de participar en la financiación de los trabajos necesarios para lograr el desalojo. Y con una novedad que puede resultar clave en el proceso: la posibilidad de que el Plan Estatal de Vivienda abra la puerta a financiar con hasta un 40% el coste de esta operación.

Para ello, antes, el Ministerio de Fomento tiene que introducir esta opción en la próxima revisión del planeamiento, prevista para principios de año. Al respecto, tanto la secretaria general de Vivienda de la Junta, Catalina Madueño, como el concejal de Ordenación del Territorio y Vivienda del Ayuntamiento malagueño, Francisco Pomares, confirmaron el compromiso del Gobierno central a actuar en este sentido.

"Tenemos el compromiso del ministerio de que ahora, que van a hacer una revisión del plan estatal, metan como posibilidad de financiación elegible este tipo de actuaciones", expuso a este periódico Pomares. Un paso adelante que desbloquea la posibilidad de que el Estado pueda colaborar en aportar dinero. Hasta la fecha, el programa estatal únicamente abordaba intervenciones de rehabilitación o regeneración de barrios. Pero no un plan que, según el diseño acordado hace años, incluía un trabajo individualizado con cada una de las familias con el fin de determinar sus condiciones económicas, laborales y sus demandas de realojo.

Tomando como punto de partida esta radiografía social de las familias, la Junta asumía el compromiso de alquilar o comprar viviendas para lograr el asentamiento. Una de las premisas que se fijaba era el reparto en diferentes distritos y localidades de la provincia, según las demandas, con el fin de evitar la creación de nuevos guetos. En los últimos meses las conversaciones entre el Ayuntamiento y la Administración regional también se han retomado, dado que ambas deberían repartirse el resto del coste de la intervención. De acuerdo con los datos conocidos por este periódico, el presupuesto en su globalidad podría alcanzar los 20 millones de euros. Queda por concretar, en función de la rapidez de respuesta del Gobierno, el calendario de desarrollo del desalojo y si el mismo habría de realizarse por fases.

La concreción del plan de los Asperones deberá ser objeto de acuerdo de colaboración entre las tres administraciones, en el que se fije la aportación de cada una de ellas. "Lo que hace falta es poner el dinero, porque el plan de actuación está escrito desde años; se puede revisar lo que se quiera pero lo que hace falta es el dinero", insistió el edil del PP.

Madueño, por su parte, abundó en que mientras se cierra el círculo entre las instituciones, el Ayuntamiento y la Junta siguen con la mesa de trabajo que tienen en el sector. "Ahora lo que hemos hecho es reactivar el proyecto y lo hacemos pensando en que vamos a poder actuar", expuso la secretaria general de Vivienda, quien añadió: "Lo importante es que estamos buscando una solución". La misma debe allanar el tortuoso camino por el que vienen deambulando las familias de Los Asperones. En los últimos años, desde el Ayuntamiento se ha venido reclamando a la Administración regional una intervención, poniendo incluso sobre la mesa la posibilidad de que utilizase fondos europeos para acometer las actuaciones necesarias. La realidad es que la inacción ha sido la tónica. Parece que hasta ahora, en la que, de nuevo, los actores públicos muestran su interés en ir de la mano. En un muro de la barria aparece pintada una pregunta: "¿Cuándo nos vanos?".

La respuesta dada en las últimas décadas ha sido nula. Se habló del año 2005; en 2006, la Junta y el Consistorio retomaron el plan; en 2009, la entonces delegada de Obras Públicas Josefa López aseguró que en un año se iba a proceder al desalojo "inmediato" de las primeras 90 familias; dos años más tarde, el que fuera responsable de EPSA en Málaga, Juan Alcaraz, admitía la lentitud del proceso y confiaba en que en 2015 pudiera estar culminado. Fechas todas ellas que quedan anuladas por los hechos.