Dicen que los extranjeros que viven en la Costa del Sol tienden al aislamiento, sólo se reúnen con personas de su misma nacionalidad y no hacen el más mínimo esfuerzo por aprender español pese a que muchos llevan décadas viviendo aquí. La mayoría de estas afirmaciones son ciertas. Los residentes extranjeros, mayoritariamente británicos y alemanes, normalmente, son jubilados que vienen a disfrutar del clima y a vivir en paz y tranquilidad. Sin embargo, al contrario de lo que pudiera pensarse, también tienen su vena guerrera y ayer la demostraron en pleno centro de Málaga. La causa, para ellos, estaba más que justificada: la Junta de Andalucía, aplicando la reciente Ley de Ordenación Urbanística, quiere derribar sus casas diseminadas por la Axarquía o la costa occidental al estar construidas en pleno campo sobre suelo no urbanizable.

En torno a un millar de personas pertenecientes a cinco grupos de asociaciones de vecinos de la Axarquía o Mijas, ataviados con pancartas, camisetas, bocinas y megáfonos, mostraron ayer su malestar por esta situación que consideran "injusta" con gritos y una canción que, cantada en español pero con el típico tono guiri, tenía cierta comicidad: "Hey, hey, Junta, Junta, quiero sabeeeeeeeer... por qué me castigas", rezaba. Así, partieron de la Plaza de la Marina, subieron toda la calle Larios, rodearon la tribuna de la Plaza de la Constitución, bajaron por la calle Nueva y Alarcón Luján hasta regresar a la calle Larios y la Plaza de la Marina ante la atenta y sorprendida mirada de todos los viandantes y comerciantes. Sin desfallecer, pese a que muchos de los presentes eran jubilados.

Una de las asociaciones organizadoras era Soha (Save our homes in Axarquía. Salvar nuestras casas en la Axarquía), una entidad creada en 2008 y que ya cuenta con 300 integrantes. Convocaron ayer la manifestación aprovechando la reunión de ministros europeos en Málaga y el acto fue un éxito. Nader Haghighi, miembro del comité de Soha, explicó ayer a este diario que "muchas personas han comprado casas en La Viñuela, Alcaucín y otros municipios cercanos de buena fe, con todos los papeles y las licencias en regla y, seis años después, ha venido la Junta a impugnarlas e incluso han llegado avisos de demolición". Este afectado, que llegó a Málaga en 2001 procedente de Gran Bretaña junto a su esposa y dos hijos porque "nos gustó la zona y queríamos vivir tranquilos", aseguró que "estamos buscando una solución razonable porque echar la casa abajo no es lógico", y se preguntó que " si esas casas eran ilegales, ¿por qué no nos lo dijeron hace 10 años antes de construirlas?, ¿por qué nos dieron las licencias?, ¿por qué están registradas?, ¿por qué estamos pagando impuestos? y ¿por qué pagamos el IBI?". Haghighi precisó que los extranjeros compradores de viviendas "no son especuladores sino gente normal, la mayoría jubilados con 60, 70 u 80 años, que ahora tienen que estar con abogados, juicios y eso les genera mucho estrés a su edad. Es increíble".

Éste es el caso del matrimonio formado por Les y Janet Nash. Les tiene 77 años y durante 34 años trabajó en las Fuerzas Aéreas británicas. Se jubiló y en 1985 adquirió una casa en Nerja. En 2001, decidió buscar una casa más tranquila y adquirió una parcela en La Viñuela. "Teníamos todos los permisos y pagamos todo. Hemos vivido seis años allí sin problemas y el año pasado recibimos una carta en la que se nos decía que la casa era ilegal", señala Nash, quien explica que, además de estar en un juicio, "el problema es que tampoco puedo vender la casa, estoy envejeciendo y no tengo nada más. Nadie está viendo el lado humano de esta situación. Toda la vida ahorrando para comprar una casa aquí y ahora no sabemos qué va a pasar".

Steve Wood y su mujer, Jan, tampoco tienen nada claro. Llevan viviendo en diversos municipios de la provincia desde 2000 y, en 2004, se compraron una casa también en La Viñuela. Steve, que es minusválido, está agobiado. Le queda una hipoteca de 100.000 euros, no tiene ningún otro inmueble en Gran Bretaña y puede que le derriben su casa actual. "Estoy muy preocupado porque si pierdo la vivienda no sé qué voy a hacer", reconoció.

Hay miles de extranjeros residentes que temen por el futuro de sus pisos, pero también hay miles de españoles. José Antonio Sánchez es presidente de la asociación de vecinos Chaparral-La Alberquilla en Mijas y tiene la misma losa encima. "En Mijas hay 3.700 viviendas declarada ahora ilegales y queremos que no se derribe ninguna porque es injusto. Los ayuntamientos y la Junta de Andalucía hicieron la vista gorda y ahora los que tenemos que pagar somos los vecinos, que no tenemos culpa de nada", se quejó.

Mientras tanto, extranjeros y españoles, anuncian que crearán una asociación a escala provincial para defender sus derechos. Ayer dieron un primer paso bastante sonado.