El fiscal reclama al prófugo Carlos Fernández para juzgarlo por Malaya

La Fiscalía de Málaga quiere que el Gobierno español solicite a Argentina la extradición Carlos Fernández, el concejal prófugo del caso Malaya, para juzgarlo por recibir 150.000 euros en sobornos durante los años en los que formó parte del último gobierno del GIL, así como por otras dos causas derivadas del urbanismo ilegal de Marbella.

El auto de procesamiento de Malaya, firmado por el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Marbella en julio de 2007, atribuía a Carlos Fernández un delito del artículo 419 del Código Penal vigente en aquel momento. El fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, argumenta en el escrito que ha remitido al juez pidiendo que inste al Gobierno la extradición que este delito no prescribe hasta los 15 años, puesto que en su modalidad más agravada puede ser castigado con entre dos y seis años de cárcel, y de siete a 12 de inhabilitación para ejercer cargo público. Los hechos, de acuerdo con la versión del Ministerio Público, no han prescrito porque cualquier fecha que se adopte para calcular la caducidad no tiene 15 años de antigüedad. Por ejemplo, los supuestos cohechos ocurrieron entre 2004 y 2005, y su busca y captura con alcance internacional se decretó en octubre de 2006.

La única debilidad que podría objetarse al argumento del fiscal reside en que otros procesados en el caso Malaya por hechos muy similares, como es el caso de Isabel García Marcos, fueron condenados a tres años y medio de prisión.

El juez de instrucción apuntó en el auto de procesamiento que Carlos Fernández había entrado en el círculo de la corrupción de Marbella organizado por el asesor de urbanismo Juan Antonio Roca que consistía, a grandes rasgos, en distribuir diferentes cantidades económicas entre los concejales, que variaban en función del rol que desempeñaban en el equipo de gobierno, para que dieran luz verde al urbanismo a la carta que se implantó aquellos años en Marbella. El magistrado detallaba que el concejal prófugo, dada su condición de portavoz municipal del grupo andalucista y del protagonismo que jugó en la moción de censura que condujo a Marisol Yagüe a la alcaldía, tenía una posición prominente solo comparable a la de la portavoz socialista, Isabel García Marcos, y muy próxima a la de la propia alcaldesa.

La documentación física y digital que se le intervino a Juan Antonio Roca y que permitió en el juicio por el caso Malaya poner al descubierto la contabilidad oculta de Roca, recogen indicios de cohecho. Los conocidos como papeles de Maras (oficina central desde la que Roca manejaba sus negocios) aparecía una persona identificada como CF como destinataria de sobres de dinero. Además, en un archivo identificado como Cuenta Ayto. figuraban tres pagos realizados el 13 de octubre de 2004, por importe de 42.000 euros, otro del 20 de diciembre de 2004, que se elevaba a 30.000 euros, y un tercero por 54.000 euros fechado el 22 de febrero de 2005. Además, en el archivo Cajas 2004 aparece un cuarto importe que el juez también vinculó a Carlos Fernández que ascendía a 24.000 euros.

El juez de instrucción de Marbella debe ahora decidir si eleva al Ministerio de Justicia una petición para que el Gobierno de España solicite a las autoridades argentinas la extradición de Carlos Fernández por este delito en Malaya. La reclamación se sumará a la formulada por la Audiencia Nacional, que ya ha instado al Ejecutivo que pida a Argentina la entrega del concejal prófugo de Marbella para ser juzgado por malversación de caudales públicos y falsedad en el caso Saqueo II. La Fiscalía reclama para Carlos Fernández en esa causa nueve años de prisión y 7,8 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

El fugitivo tiene otros procedimientos también pendientes, la mayoría por prevaricación urbanística. En dos de ellos la Fiscalía ha pedido al juez que solicite al Gobierno la extradición, así como la detención preventiva, mientras que está pendiente del estudio del resto de las causas para determinar si los hechos que se le atribuyen al concejal están todavía vigentes o han caducado.