Los recortes "paralizan" la ley de la dependencia

Discapacitados psíquicos severos, enfermos de alzheimer, afectados por esclerosis múltiple y una larga lista de dependientes están en sus casas esperando acceder a prestaciones de la ley de dependencia. Pero "la ventanilla está cerrada", según ironizaba el representante de una asociación. Cientos de dependientes están afectados por la práctica "paralización" de la ley derivada de los recortes presupuestarios. Y con ellos, están perjudicados también sus familiares que tienen que soportar unas cargas de cuidado para las que la legislación había previsto ayudas económicas, domiciliarias, de centros de día o de residencias.

Pero, según las asociaciones, la ley va camino de convertirse en papel mojado por mor de los recortes. "La ley de dependencia está paralizada salvo para los casos de urgencia social", aseguraba una técnico de Aspromanis, asociación que asiste a personas con discapacidad intelectual. Es decir, que se atienden los casos extremos de discapacitados intelectuales que no tienen familia, que aún teniéndola están desamparados o que por sus graves trastornos distorsionan de forma insostenible el ámbito familiar. "Se atienden esos casos y pocos más", acotaba.

Las distintas organizaciones consultadas coinciden en que "la paralización comenzó en torno al verano de 2012". La técnico de Aspromanis precisaba que hay varios aspectos bloqueados. Por un lado, indicaba que la Agencia de la Dependencia de la Junta "no resuelve" las propuestas de casos que le hacen los Servicios Sociales Comunitarios. Por otro, que también están "paralizadas" las valoraciones del grado de dependencia, un requisito indispensable para acceder a los beneficios de la ley. Por último, que las plazas que quedan vacantes en los centros -por fallecimiento del beneficiario o porque de un centro de día pasa a una residencia- no se cubren.

Las organizaciones denuncian que lo que para las administraciones supone un "ahorro" al no tener que afrontar el coste de cientos de dependientes, para las familias representa más carga. "Son cuidados que asumen los familiares sin apoyo. Y las familias les pueden dar cariño y alimentación, pero no cubrir las necesidades [en el caso de una persona con discapacidad] de estar integrado y participar en actividades", insistió la técnica de Aspromanis. Desde las asociaciones se apunta también que en muchas ocasiones los cuidadores son personas mayores que no tienen capacidad para afrontar los cuidados de dependientes severos.

"Parada. No están valorando". Así de rotunda era la presidenta de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Málaga, Paloma Ramos. También denunciaba que las bajas de usuarios del centro de día de la organización, ubicado en Camino de los Almendrales, "no se cubren". Es decir, que si fallece un enfermo o pasa a una residencia, la plaza concertada con la Junta de Andalucía queda libre. "Llevamos así casi dos años.

Ramos explicaba que para retrasar la evolución del alzheimer se necesita el tratamiento farmacológico y las terapias que se acometen en los centros de día. Por eso apuntaba que el hecho de que los pacientes permanezcan en casa sin acceder a este último recurso perjudica, en primer, lugar a los enfermos porque se les priva de terapias que ralentizarían su patología; en segundo lugar, a las familias que deben asumir en solitario una atención que desgasta a los cuidadores; y en tercer lugar, a las asociaciones que tienen plazas libres mientras hay usuarios que las necesitan.

"La causa de esta paralización es la falta dinero", apuntaba Ramos. Además, reflexionaba sobre el hecho de que los avances en detección precoz en el ámbito sanitario "poco le van a servir a los enfermos" si después no pueden acceder a terapias que se ofrecen en dispositivos a los que tienen derecho por la ley de dependencia. Unas organizaciones culpan de la situación tanto a la Administración central como a la autonómica. Pero Trinidad Lozano, tesorera de la Asociación Malagueña de Esclerosis Múltiple, pone la responsabilidad del bloqueo de la ley sobre el tejado del Gobierno central al recordar que cuando comenzó la aplicación normativa se cofinanciaba al 50% entre el Estado y la comunidad autónoma, pero que con la crisis, el Ejecutivo nacional ha bajado su aportación. "El Gobierno central ha ido dando marcha atrás y ahora estamos pendiente de un hilo. No solo tememos por la situación actual, sino por lo que pueda venir", admitía. Luego recordaba que se ha recortado un 15% la cuantía que se abona a los familiares por el cuidado de un enfermo en casa, que ya esa tarea no cotiza a la Seguridad Social y que los atrasos que se generan desde que se solicita la dependencia ya no se abonan de forma retroactiva.

Al margen de qué administración es la responsable de la situación, para las asociaciones hay unos perjudicados indiscutibles: "Los dependientes y sus familias".